El diputado opositor Raúl Benítez presentó un pedido de informe a la Municipalidad de San Lorenzo sobre el supuesto cobro de honorarios por parte de funcionarios de confianza del intendente Felipe Salomón, en un juicio de la Comuna contra Senacsa por unos terrenos.
En el pedido de informe citó a los abogados José David Macedo y Héctor Urbano Parodi. El legislador sostuvo que es un caso muy parecido al de José González y el del Instituto de Previsión Social (IPS), debido a que una persona, que forma parte del municipio en cargos de confianza, cobran por servicios profesionales en una causa.
Raúl Benítez solicitó un informe sobre la participación de los profesionales mencionados en la operación de venta de inmuebles municipales ubicados en el barrio Capellanía de San Lorenzo, a favor del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa).
Asimismo, requirió el detalle completo de los pagos realizados en concepto de “honorarios profesionales regulados judicialmente” relacionados con dicha operación, especificando montos, beneficiarios y fuente de financiamiento.
También pidió un informe sobre la legalidad del pago de honorarios profesionales a favor de funcionarios o asesores jurídicos vinculados a la municipalidad en cuestión, indicando la normativa aplicada, especialmente en lo referente a la prohibición de percibir honorarios adicionales por parte de funcionarios públicos.
Igualmente, solicitó la individualización del expediente judicial completo al que se refiere y por último requirió un informe que precise si se han iniciado sumarios administrativos, auditorías internas o externas, o si se han remitido antecedentes a la Contraloría General de la República (CGR) o al Ministerio Público en relación con los hechos mencionados.
Con el pedido se busca determinar la existencia de posibles conflictos de interés, superposición de funciones o irregularidades en el uso de recursos públicos, así como garantizar la transparencia en la gestión municipal.
Despiste del cartismo
El pedido de informe fue aprobado junto a otros, y luego los diputados Benjamín Cantero y Juan Añazco intentaron revertir la situación. Tras una discusión, donde varios legisladores de la oposición defendieron la aprobación.
Benjamín Cantero solicitó a destiempo que el pedido pase a ser analizado en una comisión. Juan Añazco, por su parte, defendió la moción, entendiendo a que no cuenta con dictamen de comisión. Leidy Galeano trajo a colación el hecho de que estos proyectos no se analizan en ninguna comisión.
Antonio Buzarquis mencionó el artículo 192 de la Constitución Nacional que establece que los legisladores están facultados para hacer pedidos de informes. “Si tenemos esta facultad, no termino de sorprenderme de que en esta Cámara de Diputados existan parlamentarios que se opongan al legítimo de derecho de la ciudadanía de saber como se administra el dinero de todos los paraguayos”, manifestó.
Benítez por su parte, ironizó, pidiendo al cartismo que señale “cuáles son los municipios permitidos para solicitar información”.
El punto se puso a reconsideración y de esa forma, el pedido de informe pasará por una comisión antes de su estudio.
Pedido sobre Hambre Cero a gobernaciones
El diputado liberal y ex Cruzada Miguel Martínez presentó un pedido de informe dirigido a las gobernaciones sobre la implementación del programa Hambre Cero. En ese contexto, solicitó información sobre el estado actual de ejecución del programa, la cantidad de beneficiarios alcanzados y la cobertura territorial lograda hasta la fecha.
Asimismo, requirió datos precisos sobre los recursos asignados y ejecutados, así como los mecanismos de distribución y control implementados para garantizar el correcto funcionamiento del programa.
Igualmente, pidió que se identifiquen las principales dificultades o limitaciones detectadas durante la ejecución, además de un reporte de los resultados obtenidos hasta el momento.
Martínez cuestionó la forma en que se está aplicando el programa, señalando que “aparentemente se utiliza como garrote”. En esa línea, manifestó su sorpresa por la exclusión del Departamento de Alto Paraná, indicando que “nosotros que somos de ahí no hemos escuchado absolutamente nada” y que debería existir “un motivo suficiente y comprobado” para dicha decisión.
El legislador asimismo sostuvo que el programa estaría siendo utilizado como “guacha” (látigo) contra gobernadores que no se alinean al proyecto del oficialismo.
Además, habló de problemas financieros, asegurando que se adeudan importantes sumas a proveedores y que el esquema “no va a ser sustentable, porque dependemos de remanentes de Itaipú”.
Este pedido de informe también fue enviado a una comisión para su análisis a pedido del líder de bancada Miguel del Puerto.
