En su declaración final sobre evaluación de la economía paraguaya correspondiente a la Consulta del Artículo IV, el Fondo Monetario Internacional (FMI) destacó la necesidad de restablecer el cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF), fortalecer la gestión de las finanzas públicas y asegurar que el proceso de consolidación fiscal no afecte los gastos esenciales.
El Directorio Ejecutivo del organismo valoró el compromiso de las autoridades paraguayas de restablecer el cumplimiento de la LRF para 2028, al tiempo de señalar que la mejora de la administración tributaria, la ampliación de la base imponible y una mayor eficiencia en el gasto serán claves para avanzar en la consolidación de las cuentas públicas.
Para el FMI, estos esfuerzos permitirían generar espacio fiscal para atender gastos sociales y de desarrollo prioritario, en un contexto en el que las cuentas públicas continuarán enfrentando presiones.
El déficit presupuestario alcanzó el 2% del PIB en 2025 y el organismo proyecta que aumentará al 3,5% del PIB en 2026. El incremento estará explicado principalmente por la regularización parcial de los atrasos acumulados entre 2023 y 2025 y por una reducción de los ingresos asociada a la apreciación del guaraní.
Hasta junio de este año, los ingresos tributarios acumularon un crecimiento interanual de 2,1%, impulsado por los impuestos internos. En contrapartida, los ingresos aduaneros disminuyeron 11,5%, mientras que los ingresos no tributarios se redujeron 11,3%, principalmente como consecuencia de la apreciación de la moneda local.
Regularizar atrasos y mejorar la gestión del gasto. Uno de los llamados del FMI apunta a la necesidad de regularizar oportunamente los atrasos en el pago de gastos y fortalecer los mecanismos de gestión financiera pública. Según el organismo, ambas medidas son fundamentales para preservar la credibilidad de la política fiscal.
La recomendación coincide con que el Gobierno busca la reducción del déficit, pero con compromisos acumulados. El FMI considera que una mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos será determinante para que la consolidación fiscal pueda realizarse sin desplazar el gasto considerado prioritario.
Los directores también respaldaron la intención de revisar y fortalecer el marco fiscal una vez alcanzadas las metas de consolidación.
La evaluación del FMI destaca que Paraguay mantiene fundamentos macroeconómicos sólidos. La economía se expandió 6,6% en 2025, mientras que el PIB real registró un crecimiento interanual de 5,8% en el primer trimestre de 2026, apoyado por los sectores de servicios, manufactura, agricultura, construcción y distribución de energía.
Para todo 2026, el organismo proyecta un crecimiento de 4,4%, que se moderaría hacia su nivel potencial de 3,8% en el mediano plazo.
En materia de precios, la inflación interanual se ubicó en 2,1% en junio, y el FMI proyecta que cierre el año en torno a la meta del Banco Central del Paraguay, de 3,5%.
La apreciación del guaraní también constituye uno de los factores destacados en la evaluación. La moneda se apreció 23,1% interanual frente al dólar en términos nominales y acumuló una apreciación de 8,6% hasta junio de 2026. Al cierre de junio, las reservas internacionales netas rondaban los USD 11.000 millones.
Pese a este escenario favorable, el FMI considera que la solidez macroeconómica debe estar acompañada por una política fiscal prudente. El organismo señaló que, ante una mayor incertidumbre externa y vulnerabilidades internas, Paraguay debe mantener políticas que fortalezcan su resiliencia y sienten las bases para un crecimiento sostenido e inclusivo.
En ese marco, el retorno al cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal para 2028, junto con una administración más eficiente de los recursos y la protección del gasto esencial, aparece como uno de los principales desafíos en los próximos años.
Organismo solicita profundizar reformas
El FMI respaldó las reformas estructurales impulsadas por el Gobierno paraguayo, pero advirtió que su aplicación sostenida es “fundamental” para elevar la productividad y asegurar un crecimiento inclusivo.
Según la evaluación del Directorio, el país debe avanzar en tres frentes prioritarios: Reducir la informalidad laboral, fortalecer la lucha contra la corrupción y profundizar la agenda climática
En ese sentido, los directores animaron a las autoridades a aprovechar los avances logrados para atacar la informalidad. También alentaron a seguir fortaleciendo la gobernanza y las instituciones anticorrupción como vía para atraer más inversiones.
En materia ambiental, el FMI destacó las reformas iniciadas con el Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad (SRS) y sostuvo que darles continuidad reforzará la capacidad del país para enfrentar desastres naturales.
Más reformas: Clave para pasar de estabilidad a bienestar
Paraguay logró durante los 35 años transcurridos desde la caída de la dictadura construir un marco de instituciones y herramientas que le permitió pasar de un escenario de inestabilidad macroeconómica a una economía con mayor estabilidad. Sin embargo, el proceso no estaría concluido.
El capítulo El Toolkit Macroeconómico de Paraguay: Lecciones de 35 Años y Desafíos del Futuro, elaborado por el economista Wildo González en el libro 35 años de democracia: Economía, Sociedad y Estado en Paraguay, del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (Cadep) sostiene que las reformas implementadas hasta ahora corresponden principalmente a una primera generación y que el país enfrenta el desafío de avanzar hacia una segunda generación de reformas.
El análisis parte de la situación que presentaba Paraguay en 1989 con inflación elevada y volátil de 38,2%, sin un ancla nominal definida.
El sistema financiero tenía regulación limitada y no existían instituciones fiscales modernas ni un mercado de capitales desarrollado en moneda local.
Las finanzas públicas arrastraban además un déficit encubierto estimado en 8% del PIB al final de la dictadura, pasivos por crisis bancarias y dificultades para atender la deuda externa. Tres décadas y media después el escenario cambió. El país adoptó formalmente un esquema de metas de inflación en 2013, consolidó su sistema financiero tras las crisis bancarias de los 90, desarrolló una curva soberana en guaraníes de hasta 10 años y cuenta con la Ley de Responsabilidad Fiscal como ancla básica. Como resultado, la inflación bajó a promedios de entre 3% y 5% en los años recientes, según el análisis de González el frente fiscal, el periodo 2004-2012 marcó un punto de inflexión con el acuerdo Stand-By con el FMI y reformas que dejaron superávits primarios y menor deuda pública. En 2013 se sumó la LRF, que estableció un límite al déficit nominal de 1,5% del PIB para la Administración Central y un techo al gasto corriente primario.
El economista destaca que estas herramientas permitieron construir estabilidad, pero considera que el marco todavía está incompleto.
La siguiente etapa, de acuerdo con González, debería incluir cinco líneas principales.
Una de ellas es cambiar la regla fiscal vigente. El autor plantea pasar de una regla basada en el déficit nominal a una regla de balance estructural, que permita incorporar el ciclo económico en las decisiones fiscales.
También propone la creación de un Consejo Fiscal Autónomo, la revisión de las atribuciones presupuestarias del Congreso y la finalización del denominado corredor de tasas de la política monetaria. El quinto componente es el fortalecimiento de los ingresos tributarios. El capítulo plantea aumentar la recaudación desde el nivel actual de 19% del PIB hasta al menos 25%.
