Con ello, el requerimiento conclusivo en el caso debe ser presentado el próximo el 3 de setiembre, y no este 3 de marzo como estaba previsto, en principio, según había dispuesto el juez de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia. El supuesto daño patrimonial es de unos G. 2 mil millones.
El pedido fue presentado por los fiscales Jorge Arce, Silvio Corbeta y Marlene González, ante el Tribunal de Apelación. Señalaron que la causa era completa por la cantidad de procesados, a más de las diligencias pendientes.
Entre las diligencias están un pedido de cooperación internacional realizada a la República de Francia, por la importación de los productos de ese país al Paraguay, de modo a que se informe sobre la empresa Genemed SA.
INFORMES. Igualmente, los informes del Banco GNB Paraguay, sobre las transferencias de fondos de la Comuna así como los firmantes de las autorizaciones.
Otro punto señalado por los fiscales, es la investigación patrimonial pendientes, tales como el examen de correspondencia entre las declaraciones juradas de bienes y rentas presentados por los imputados durante los años 2020 y 2021.
También, así como los informes a todas las entidades bancarias y financieras, cooperativas, y la investigación patrimonial para determinar el flujo del dinero.
Por otro lado, están también pendientes las declaraciones de los miembros del Consejo de Gestión y Reducción de Riesgo durante los años 2020 y 2021, así como los encargados de haber realizado los trabajos de desinfección y los que recibían los servicios realizados. Finalmente, hablan de todas las diligencias que surjan a raíz de las que se realizan.
Los camaristas Silvana Luraghi, Cristóbal Sánchez y Andrea Vera, entendieron que estas diligencias investigativas deben ser incorporadas por lo que concede los seis meses más de prórroga en la causa.
IMPUTADOS. En el caso, están imputados a más del intendente Óscar Rodríguez, los directores Wilfrido Adrián Cáceres López, de Administración y Finanzas; Nidia Rosa López de González, de la Dirección General de Gestión y Reducción de Riesgos de Desastre Municipal; y Édgar Estigarribia Gavilán, quien había asumido en reemplazo de López cuando estaba de reposo médico y, al mismo tiempo, ejercía sus funciones.
Los otros procesados son David Fernández, Agustín Fernández Estigarribia y Miguel Ángel Lisboa, representantes de la firma DFR; Juan Rodríguez y Jorge Argüello, pertenecientes a COVA; María Digna Méndez, de M&F; y el clan familiar que opera con Bastian Comercial: María Victoria Cano Rodríguez, Pedro Ramón Cano Torres, Antonio Cano Villagra y Benicio Antonio Cano Martínez.
Los fiscales hablan de los supuestos hechos punibles de lesión de confianza, asociación criminal cometido por los imputados, lo que produjo un daño patrimonial a la Comuna de G. 2 mil millones.
