Los fiscales Rodrigo Estigarribia y Luis Said, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos de la Fiscalía, se constituyeron este jueves en la sede de la Contraloría General de la República (CGR), ante el vencimiento del plazo establecido para remitir la segunda parte de informes requeridos en el marco de la investigación a la Gobernación de Central, a cargo del colorado Hugo Javier, tras detectarse inconsistencias documentales en la presentación de la rendición de cuentas.
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El fiscal Estigarribia dijo que luego del inicio de la investigación de oficio, por parte del Ministerio Público, de las denuncias realizadas por proveedores, sobre supuesta presentación de facturas no auténticas en las rendiciones de cuentas, solicitaron en principio un informe a la Contraloría.
Mencionó que al obtener la respuesta, surgió otra hipótesis y por ello solicitaron otros datos más, y reiteraron el informe. Fue así que, en el marco de las pesquisas, se constituyeron en la Contraloría, a los efectos de conocer ciertas circunstancias técnicas de cómo se lleva adelante la rendición de cuentas.
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Dijo que conversaron con gente de la Contraloría, como también se reunieron con funcionarios de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), además de otras dependencias, a los efectos de colectar los elementos y determinar eventualmente la responsabilidad de cada una de las personas que habrían intervenido en las operaciones.
“Existen una serie de documentos que son de público conocimiento. Nosotros, como Ministerio Público, tenemos la obligación de determinar quién, cómo, cuándo, dónde y qué se presentó para tomar una decisión, colectar las pruebas objetivas y es lo que estamos haciendo dentro de esta causa y de todas las causas a nuestro cargo”, expresó.
Aseguró que los elementos colectados serán analizados y que en su caso prefiere tener más elementos y no apresurarse, puesto que la hipótesis fáctica puede variar con relación a diferentes circunstancias y a distintos actores.
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“Si eventualmente yo cometía el apuro de imputar hace tres semanas otros hechos, podrían haber quedado fuera de este contexto y, además, a partir de la imputación, corren otros plazos. Por eso siempre el Ministerio Público tiene la obligación de proceder sobre la base de un contexto y colectar elementos sobre esta hipótesis”, agregó.
Por último, dijo que en junio pasado habían presentado el pedido de informe que fue contestado por la Contraloría hace unos días. A partir de esos informes surgieron otros elementos, lo que desembocó en otras diligencias, entre ellas la constitución en la jornada de este jueves.
El caso
El Gobierno departamental recibió G. 6.382 millones (USD 1 millón) del fondo de la Ley de Emergencia para financiar proyectos de reactivación, de los cuales G. 5.105 millones (USD 800.000) fueron entregados a la fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP) para la ejecución en obras viales y en el mejoramiento de espacios públicos.
Sin embargo, en la rendición de cuentas aparecieron facturas clonadas y aparentemente obras fantasmas. La Contraloría General es la encargada de corroborar si existen o no dichas obras.
La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y la Secretaría Anticorrupción presentaron una denuncia ante la Fiscalía tras detectarse irregularidades en la rendición de cuentas. Lesión de confianza, producción de documentos no auténticos y declaración falsa son algunas de las denuncias que se presentaron.
