EFE
El juicio contra los campesinos acusados por la muerte de seis policías durante un desalojo policial en junio de 2012, en el que murieron además once labriegos, se retomó este martes en el Palacio de Justicia.
La fiscal a cargo de la causa, Liliana Alcaraz, acusó a Azuaga de haberla agredido verbalmente en el pasillo durante un receso de la sesión del juicio de este martes.
Alcaraz agregó que tuvo que pedir resguardo policial para impedir que la agresión verbal se transformara en física y solicitó al tribunal los antecedentes de Azuaga y la imposición de una sanción.
Por su parte, Azuaga argumentó que tanto Alcaraz como su colega, el fiscal Nelson Ruiz, mantienen una enemistad manifiesta contra él y pidió también que se remitieran los antecedentes de los dos representantes del Ministerio Público.
Otro de los abogados defensores, Amelio Sisco, pidió a su vez la recusación de uno de los miembros del tribunal del caso Curuguaty, Samuel Silvero, por su presunta “parcialidad manifiesta”.
Sisco acusó a Silvero de haberse reunido en secreto con los fiscales del caso la pasada semana y agregó que desde entonces el juez bloquea sistemáticamente su derecho a interrogar a los testigos.
Ante el pedido de recusación, la sesión de este martes quedó suspendida hasta el miércoles, cuando el tribunal expondrá si confirma a Silvero como juez o si el magistrado se inhibe del caso para ser sustituido por la jueza Arminda Alfonso.
Tanto el pedido de recusación contra el juez Silvero como la solicitud de sanción para el abogado Azuaga se presentaron mientras declaraba en el juicio el testigo Luis Zucchini, perito encargado de la digitalización de los sucesos que desencadenaron la masacre.
Zucchini presentó una recreación virtual del escenario de la masacre y de cómo se produjo el tiroteo, con base en los datos recabados por la Fiscalía.
Según la defensa, el testigo no fue capaz de explicar cómo se produjeron los disparos que venían desde arriba y que impactaron sobre el cuerpo de los policías fallecidos, como indicaron los testimonios forenses.
En la sesión de hoy también declaró el comisario Gilberto Fleitas, encargado de la investigación policial posterior a la masacre y que condujo a la acusación de once campesinos por la muerte de seis policías durante la matanza, mientras que no hay ningún imputado por el fallecimiento de los labriegos.
Fleitas describió su participación en la detención de Rubén Villalba, campesino considerado líder de la ocupación de las tierras desalojadas durante la masacre y único acusado por estos hechos, quien permanece en prisión por una causa anterior al caso Curuguaty, por la que fue juzgado en febrero de 2015.
La masacre de Curuguaty en 2012 sirvió de base al Partido Colorado para impulsar un juicio político contra el entonces presidente, Fernando Lugo, quien fue destituido una semana más tarde en un procedimiento calificado de irregular por organismos internacionales como Mercosur o Unasur.
La organización Amnistía Internacional expuso la pasada semana en su informe anual sus dudas sobre la independencia del proceso contra los campesinos acusados de la masacre, debido a que las muertes de los labriegos en la matanza de Curuguaty nunca fueron investigadas.
