A diferencia de otros procesos, en los que el propio Ministerio Público planteó recursos de oportunidad y abreviación de los procesos, en este caso, el fiscal interino Ángel Ramírez pidió que la causa contra los manifestantes se eleve a juicio oral y público.
La acusación por violación de la cuarentena sanitaria fue presentada el pasado 10 de setiembre contra la abogada Esther Roa, el empresario gastronómico Juan Domingo Galeano y Cándido Brizuela.
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Los mismos están procesados por la caravana contra la corrupción realizada el pasado 3 de junio que concluyó con un mitin en frente al Panteón de los Héroes.
Esther Roa aseguró en comunicación con Última Hora que para no ir a juicio oral ella deberá reconocer públicamente que cometió un delito. Aseguró que el Ministerio Público se ensaña debido que ella tocó en reiteradas ocasiones “el callo de los corruptos”.
La dirigente de la organización Ciudadanos Autoconvocados Comisión Escrache (CACE), reiteró que un decreto sanitario no puede censurar el derecho a la protesta.
Actualmente la CACE lleva adelante movilizaciones para exigir el juicio político para la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez.
