25 ago. 2025

Fiscalía pediría captura internacional de brasileños liberados por juez

La Fiscalía pedirá la revocatoria de las medidas alternativas a la prisión que otorgó el juez Sandro Ortiz a los cuatro brasileños imputados por tenencia de armas que presumiblemente pertenecen al Ejército paraguayo.

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Las armas incautadas tienen sello del ejército paraguayo. | Foto: Archivo.

Antônio dos Santos (39) Cicero da Silva Messias (49), Salvador Elison Aguilera Pedroso (52) y Fernando Pereira de Moraes (18), son los brasileños que fueron detenidos en Pedro Juan Caballero con armas que tienen sello del Ejército paraguayo. También encontraron en su poder municiones, teléfonos y un vehículo.

La Fiscalía solicitó la prisión preventiva para los brasileños, pero el juez, Sandro Ortiz, los liberó bajo una fianza real de G. 10 millones para cada uno.

El magistrado incluso admitió el pedido de arraigo de la defensa de los imputados, quienes deben presentar en el lapso de 30 días un certificado de vida y residencia.

La fiscala del caso, Katia Uemura, advirtió que, una vez que reciba la notificación del Juzgado, pedirá la revocatoria de las medidas alternativas a la prisión que se les otorgó a los brasileños, en caso que no se encuentren en el país, incluso pedirá captura internacional. “Sorprende la rapidez de esa resolución judicial”, dijo en comunicación con Radio Monumental.

La agente fiscal explicó que esta medida puede obstruir la investigación. El Ministerio Público, además, aguarda el informe de la Dirección de Material Bélico (Dimabel) para conocer el origen de las armas incautadas y confirmar así, si pertenecían al Ejército paraguayo. También se podría saber si el arsenal se utilizó en otros hechos punibles.

Por su parte, el juez argumentó que por portación ilegal de armas, corresponden hasta 5 años de prisión y por ingreso ilegal al país, se expulsa a los involucrados. Este caso, por tratarse de un delito que no supera los 5 años de pena, se les puede otorgar medidas sustitutivas.

Asimismo, dispuso que se presenten periódicamente al Juzgado y ante la Fiscalía cuando la investigación lo requiera, pero también hizo lugar al pedido sobre arraigo y en un lapso de 30 días deben presentar un certificado de vida y residencia.

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