La Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por Lilian Samaniego, solicitó a la Fiscalía la copia íntegra del cuaderno de la investigación, información requerida para emitir un dictamen en la reunión del próximo martes, ya que la sesión donde se decidirá el desafuero será al día siguiente.
Pero en una nota firmada por Emiliano Rolón, el pedido fue rechazado. El fiscal general se basó en el artículo 322 del Código Procesal Penal, que habla de que la etapa preparatoria no será pública, y usó este argumento por encima de la Constitución, que garantiza la facultad al Congreso de pedir información, para la toma de decisiones, sin necesidad de compartir con terceros.
Los antecedentes en cuanto a pedidos de informes con datos delicados indican que la institución envía lo solicitado al Congreso, pero con la condición de no hacerlo público. Es el caso del Banco Central, Senabico o Seprelad, entre otros.
Contradictoriamente, al argumento de Rolón, la Fiscalía filtró la imputación a Abdo y ocho funcionarios de su gobierno que fueron miembros de su gabinete, que son investigados por una denuncia formulada por Horacio Cartes, que lo acusa de haber filtrado información de instituciones, lo que derivó en sospechas de que el empresario estaba involucrado en casos de lavado de dinero y contrabando, e incluso se llegó a una sanción contra sus empresas por parte de Estados Unidos, que lo designó “significativamente corrupto”.
Los fiscales constantemente hacen públicas las informaciones de la carpeta fiscal. En otras situaciones, comparten datos con terceros, como fue el caso de Aldo Cantero, agente que imputó a Marito, y Pedro Ovelar, defensor de Cartes, quienes incluso coordinaban el proceso contra el ex presidente. El fiscal incluso recibía instrucciones del abogado, como se pudo conocer tras la filtración de conversaciones por WhatsApp entre ambos.
El fiscal general, no obstante, no abrió ningún proceso por este caso contra Cantero ni contra Giovanni Grisetti.
EXTRACCIÓN EN SEPRELAD. La defensa de los funcionarios imputados está preocupada por la posibilidad de que los fiscales manipulen la información que extrajeron en enero pasado del servidor informático de Seprelad, específicamente, de sus correos electrónicos, sin presencia de los abogados.
El fiscal Aldo Cantero se quedó con toda esa información, luego de haber incumplido la orden de la jueza que exigió que para la extracción de datos estén presentes los abogados de los afectados.
Toda la información extraída de forma irregular fue usada para la imputación a los ex funcionarios, por filtración de datos confidenciales que señalaban a Horacio Cartes.
