La adjunta elevó un pedido al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, para que conforme un equipo de investigación.
“De acuerdo con los datos aportados en notas periodísticas, se tiene que Torales habría percibido remuneraciones, tanto en la Contraloría General, como en ambas Cámaras del Congreso Nacional. En ese sentido, percibiría en concepto de salarios y demás bonificaciones unos G. 20 millones en forma mensual”, expresa el documento.
Torales tendría una antigüedad laboral de 14 años en la Contraloría y “desde el año 2021 estaría comisionado para prestar servicios en el Congreso Nacional, primero en la Cámara de Diputados y luego en la Cámara de Senadores”, relata el pedido fiscal.
También se menciona que Torales aparentemente ocupó la Presidencia del partido político Encuentro Nacional (PEN), cuándo ejercía la función pública, por lo que la senadora Kattya González habría solicitado el traslado definitivo del funcionario a la Cámara de Senadores para evitar que fuera destituido.
Se expuso las notas periodísticas de diferentes diarios nacionales donde se relataría el caso.
“Existiría mérito suficiente para disponer la apertura de una investigación de oficio en la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, teniendo en cuenta la especialidad en cuanto a las pesquisas que se requieren”, solicitó la fiscala.
Pidió, además, que Torales sea investigado por presunto cobro indebido de honorarios y que el fiscal general designe un equipo fiscal para la investigación.
SUMARIO DE CONTRALORÍA. La Contraloría, la semana pasada, abrió un sumario administrativo contra el funcionario. Se hablaba de una irregularidad en relación a su militancia activa en el Partido Encuentro Nacional (PEN).
Además, dejó sin efecto el comisionamiento al Congreso. Según el contralor Camilo Benítez, está prohibido a los funcionarios –de acuerdo con el reglamento interno– realizar política de forma activa.
Por lo tanto, aseguraron que no deben admitir excepciones y menos “ser cómplices de eludir dicha prohibición”, según el titular lo comunicó. Torales, al conocer la resolución de la Contraloría, renunció a su cargo como presidente del PEN y quedó Gloria Portillo en su lugar.
