Por Luis Bareiro
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La Fiscalía Anticorrupción reiteró ayer su pedido a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de un informe detallado sobre el itinerario que registró el voto del ministro Sindulfo Blanco, que un funcionario de la misma Corte negoció por 5.000 dólares.
EL CASO. El 26 de mayo de 2009, Sindulfo Blanco, en su calidad de juez preopinante, emitió un voto favorable al recurso de casación promovido por el abogado Adolfo Gibblberger en contra de dos sentencias judiciales, que le fueron adversas a su cliente, Ramona Riveros, en un caso en el que ella acusa a dos personas de haberse apropiado de la camioneta de su hijo.
Según denunció el propio Gigglberger al fiscal Arnaldo Giuzzio, mucho antes de que Blanco emitiera su voto, un funcionario de la Corte, Carlos Torres Zárate, ofreció gestionar el apoyo del ministro y garantizar la tramitación de la sentencia a cambio de una coima de 5.000 dólares.
Curiosamente, el voto del ministro quedó varado en su oficina luego de que lo firmara a fines de mayo, cuando que lo habitual es que el documento sea trasladado de inmediato a los demás jueces del tribunal.
Dos semanas después, el 10 de junio de 2009, Gigglberger pagó los 5.000 dólares que solicitaba Torres para que el expediente corriera.
Y, efectivamente, el voto fue liberado y remitido a la ministra Alicia Pucheta al día siguiente, el 11 de junio de 2009.
Luego de que el caso fuera denunciado, Torres admitió su participación, pero aseguró que consiguió el documento sin que nadie en el despacho del ministro le ayudara.
Para verificar esta versión, la Fiscalía solicitó un informe oficial de la Corte sobre el itinerario del voto del ministro -desde que fuera firmado por Blanco hasta su remisión a Pucheta- y el listado de los funcionarios que tuvieron acceso al documento.
Con el voto de Blanco y Miguel Óscar Bajac (Pucheta votó en disidencia), Gigglberger obtuvo una sentencia favorable a sus pretenciones. Se anuló el juicio original y se ordenó la realización de uno nuevo en Ciudad del Este.
REBOTE EN EL ESTE
El fallo de la Sala Penal de la Corte (que incluyó el voto del ministro Blanco, por el que un funcionario de la Corte cobró 5.000 dólares) anuló dos sentencias absolutorias en un presunto caso de apropiación (el robo de una camioneta) y derivó en la realización de un nuevo juicio en Ciudad del Este, que también se vio salpicado por el escándalo.
El presidente del tribunal, Carlos Ortega, fue grabado cobrando parte de una coima de 15 mil dólares, dinero que pidió a cambio de fallar en favor del abogado Gigglberger. El hombre involucró, además, a su colega Manuel Trinidad.
La discusión sobre una posible reforma del Poder Judicial, que inició el Poder Ejecutivo con los partidos políticos, fue suspendida hace dos meses.