La imputación fue presentada contra Luciano Esteban Perier Escobar, de 54 años, chileno, y a Marcio Ivair Lautenschlager, de 51 años, brasileño, para quienes pidió la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva.
Perier Escobar y Lautenschlager habían desobedecido una orden de prohibición de innovar firmado el 14 de febrero del 2017 por el juzgado de primera instancia en lo civil y comercial del segundo turno de Hernandarias, según los antecedentes. La Justicia ordenó que se abstengan de cultivar o cosechar productos agrícolas en el inmueble, sin autorización de la Fundación Perier, según la imputación fiscal.
Ante el incumplimiento de la orden judicial el magistrado del caso remitió ante el Ministerio Público las compulsas del expediente judicial el 26 de diciembre del año 2017, para su investigación penal.
Desde esa fecha hasta la víspera el caso estuvo paralizado en la unidad 1 de Ciudad del Este, que actualmente está a cargo de la fiscala Cubilla, quien asumió en el cargo hace algunos meses. La fiscala se constituyó a la finca, que es la estancia Kuñatai, el 12 de febrero encontrando que los ahora imputados habían llevado al inmueble a terceros para ocupar la vivienda que se encuentra en la propiedad.
En consecuencia, dispuso la imputación penal, porque la conducta se subsume en el hecho de desacato a la orden judicial, según el escrito presentado ante el Fuero Penal por la representante del Ministerio Público.
En el mismo caso también se había presentado una denuncia por invasión de inmueble, además de la violación de la ley del medio ambiente, en el que también hubo imputación.
Por su parte, la fundación también recurrió ante el fuero civil en el que inició un juicio caratulado “Fundación Francis Perier c/ Luciano Esteban Perier Escobar y otros sobre nulidad de actos jurídicos por simulación ilícita y fraude en perjuicio a terceros y acción innominada de percepción de frutos por crédito de arrendamiento impago”, en el que se logró una prohibición de innovar. Perier había tomado posesión de las tierras y alquilado a Lautenschlager, quien realizó plantaciones en el inmueble.
Una nueva orden judicial dictada como medida cautelar ahora dispuso la intervención judicial y el embargo preventivo de granos a favor de la Fundación, hecho denunciado por los Perier de haber sido utilizado con intenciones de realizar un solapado desalojo de las tierras que están bajo su posesión.
Con la imputación fiscal, ahora Perier y Lautenschlager aparecen como los que estaban usurpando las tierras, en violación a la disposición de prohibición de innovar dictada en el juicio de nulidad de actos jurídicos y otros, referente al contrato de arrendamiento otorgado por el primero al segundo.
