@lic.marisolramirez
David Portillo, presidente de Autores Paraguayos Asociados (APA), rechazó que las compras efectuadas para el programa Jopói 2025 causaran un perjuicio patrimonial a la entidad y aseguró que los productos fueron adquiridos, recibidos y entregados a los socios y representados.
Portillo habló con ÚH luego de que el Ministerio Público lo imputara por presunta lesión de confianza junto con el director general de APA, Humberto Rodas; el director financiero y administrativo, Juan José Vidal; y el tesorero, Walter Cabrera.
Según la Fiscalía, las operaciones investigadas habrían ocasionado un perjuicio de unos G. 1.990 millones.
La investigación cuestiona la contratación de proveedores, la documentación utilizada para respaldar las compras y el uso de G. 696.794.530 provenientes de intereses generados por certificados de depósito de ahorro (CDA).
“Yo tengo la conciencia tranquila porque no entendemos que pueda existir un perjuicio patrimonial por un acto de carácter social que tuvo la aprobación de la Comisión Directiva”, expresó.
El titular de APA explicó que el programa Jopói consistió en la entrega de cajas con víveres, canastas navideñas y bolsones a los asociados y representados durante los primeros días de diciembre de 2025.
“Si se va a hablar de perjuicio patrimonial, ¿cómo se explica que nosotros aprobamos el gasto, se compró, se contrató el servicio, recibimos todo y después entregamos completamente a los socios y representados?”, manifestó.
Sostuvo que las autoridades de APA se enteraron de la imputación a través de la prensa y que aguardaban la notificación formal para conocer todos los argumentos del Ministerio Público.
“Nosotros aún no conocemos el relato de los hechos que tiene la Fiscalía como para hacer esta imputación. Estamos tranquilos porque desde la Comisión Directiva actuamos a la luz de todo, con aprobaciones dentro de los órganos competentes de la entidad y con toda la documentación respaldatoria”, afirmó.
Añadió que, una vez que sean debidamente notificados, podrán conocer en profundidad los hechos atribuidos y preparar la defensa en el ámbito correspondiente.
“Se aprobaron los montos, se pagó por el producto, se nos entregó en su totalidad, en tiempo y forma, y nosotros lo entregamos a los asociados y representados. No entendemos cómo pueden configurar eso como un daño al patrimonio”, insistió.
Pagos anteriores. Según el acta de imputación presentada por los fiscales Julio César Ortiz González y Juan Leonardi Guerrero, entre julio y octubre de 2025 los cuatro directivos habrían intervenido en la adquisición de bienes destinados a regalos navideños por aproximadamente G. 1.990 millones.
De acuerdo con el documento, primero se utilizaron recursos del fondo destinado a actividades sociales y, una vez agotados, se recurrió a G. 696.794.530 provenientes de intereses generados por CDA.
Uno de los puntos señalados por la Fiscalía es la diferencia entre las fechas de los pagos y la resolución que habría autorizado el uso de esos rendimientos financieros.
El Acta 36, del 14 de agosto de 2025, invocada posteriormente como antecedente, no registra la aprobación del uso de esos fondos para el programa Jopói. Según la imputación, en aquella reunión solo se planteó analizar el destino del dinero y solicitar previamente un dictamen jurídico.
Sin embargo, el primer pago del 50% a los proveedores fue realizado el 12 de agosto de 2025 y las cancelaciones se efectuaron el 22 de octubre.
La Resolución 121/2025, que autorizó específicamente el uso de los intereses de los CDA, fue emitida recién el 29 de octubre, cuando la totalidad de los pagos ya se había concretado.
La imputación también cuestiona dos facturas atribuidas a Despensa Gabrielito, ambas por G. 581.160.000. Según un informe de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi), incorporado a la causa, los responsables del comercio manifestaron no haber contratado con APA, suministrado los productos ni recibido los importes consignados. Para la Fiscalía, esta documentación controvertida integra los indicios de una posible simulación de contrataciones y un eventual sobrecosto.
Una consultoría técnica elaborada por la perita contable Graciela Álvarez concluyó que no pudo acreditarse suficientemente la existencia de una autorización previa, específica y documentada anterior a la contratación, ejecución o pago de determinadas operaciones.
El informe señala una debilidad en la correspondencia temporal entre la autorización, la ejecución y el financiamiento de las compras, y sostiene que debe diferenciarse una autorización previa de una aprobación o regularización posterior. La imputación abre la etapa investigativa y no constituye una declaración de culpabilidad.
- “Estamos tranquilos porque desde la Comisión Directiva actuamos a la luz de todo, con aprobaciones dentro de los órganos competentes de la entidad”. David Portillo, directivo.
