08 oct. 2025

Fiscalía analiza dos aristas tras el tiroteo en CDE

El homicidio doloso y la asociación criminal del que resultó víctima el suboficial de tercera Marcos Gabriel Agüero González, por un lado, y la tortura por otro lado, son investigados en cuerdas separadas por el Ministerio Público.

La Defensoría del Pueblo y otras organizaciones acompañarán la investigación penal para exigir el esclarecimiento del caso ocurrido en la medianoche del miércoles. El capitán de navío Walter Fernando Díaz fue destituido ayer del cargo de comandante del Área Naval del Este y prefecto de la zona.

El tiroteo de cerca de 15 minutos ocurrió en la medianoche del miércoles a la altura de la villa Kuwait del barrio San Miguel de Ciudad del Este. Involucró a militares y civiles armados. En la refriega fue herido el militar con un disparo en la cabeza y en represalia, sus camaradas irrumpieron en varias viviendas y llevaron detenidas a 35 personas, cuyos familiares denunciaron robos y agresión física, incluyendo niños como víctimas. Solamente dos armas que no corresponderían a las características de las utilizadas para la emboscada fueron incautadas.

Tres agentes fiscales intervinieron en el caso de homicidio doloso y asociación criminal abierto tras la muerte del militar de la Marina, durante un tiroteo registrado en una emboscada hecha por delincuentes, según la Armada Nacional. Los fiscales Édgar Torales, titular, Zunilda Ocampos y Nilsa Torales, coadyuvantes, pidieron una prórroga de 24 horas el jueves último para presentar el requerimiento fiscal con relación a los 35 detenidos por militares de la Base Naval, entre ellos menores y ancianos. Por otro lado, pidieron informes a los militares sobre el motivo por el que no le dieron participación a la Policía Nacional para el operativo de búsqueda de los autores del crimen.

Solo 21 quedaron detenidos, luego de que los aprehendidos sean sometidos a un examen médico forense. Los menores fueron entregados a sus padres y 4 ancianos, de los cuales dos son mayores de 60 años y otros dos padecían de enfermedades, fueron liberados. “Recurrimos a la Policía para el dispositivo de seguridad en la Fiscalía y desafectar a los militares que estaban siendo cuestionados por sus procedimientos. Luego de la inspección médica resolvimos liberar a los menores y ancianos”, explicó Édgar Torales. EM