Otra causa será abierta contra el ministro del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Alberto Cástulo Ramírez Zambonini, por el fiscal Martín Cabrera, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción. Esta vez, será por el supuesto delito de peculado por uso indebido de bienes del Estado, cuya pena es la multa.
La denuncia en sí fue la que realizó el legislador colorado Juan Carlos Galaverna en la sesión del Senado, antes de las elecciones. Tras el dictamen del director del Delitos Económicos, Ricardo Preda, el fiscal Adjunto Carlos Arregui asignó la nueva causa a Cabrera, ya que este tiene otra pesquisa contra el ministro junto con su colega Nidia Fernández por el supuesto plagio en su tesis doctoral.
Según el análisis jurídico, Ramírez Zambonini supuestamente tenía 18 personas a su cargo y 9 vehículos del Estado, que eran utilizados en forma personal y familiar, en perjuicio del presupuesto del TSJE. Incluso, el citado ministro habría dispuesto el viaje de personas no relacionadas con la Justicia Electoral.
Conforme con Galaverna, estaban asignados en febrero pasado al ministro los empleados: Freddy Pavón, Milciades Ramón López Ruiz, Gustavo Alvino López Ruiz, Milciades Mancuello Arrúa, Gustavo Alfredo Ramírez, Claudia Larroza Valdovinos y Francisco Javier Recalde Ibarrola.
También trabajaban para Ramírez Zambonini, Juan Bautista Reyes Medina, Pablo Ferreira Agüero, Marina Cabañas Martínez, Carlos Antonio Fraga, Roque Ferreira Agüero, Rubén Darío Ruiz Díaz Ocampo, Gaspar Acosta Báez, Freddy Eder Ruiz Farías, Claudio César Páez, Claudio Reyes Medina e Isidro Fernández.
LOS VEHÍCULOS. De acuerdo con el legislador, también estaban asignados al ministro nueve automotores. Ellos son: Una camioneta Mitsubishi Montero, una Toyota Land Cruiser, una Nissan Patrol, una Toyota Hilux 4 x 2, dos de la misma marca, pero 4 x 4, una Isuzu, un Vitara y un automóvil Mazda blanco.
El fiscal Cabrera recibió la transcripción de las declaraciones del senador que podrían constituir el supuesto delito peculado por uso indebido de bienes del Estado. La ley indica que el funcionario que indebidamente y en beneficio propio o de un tercero use o permita a otro el uso de bienes del Estado, será sancionado con pena de multa.
El mismo artículo, de la Ley 2.880/06 señala que se dará la misma pena al que utilice ilegítimamente para provecho propio o de terceros trabajadores o servicios pagados por el Estado.
Cabrera apuntó que remitirá oficio al TSJE para pedir todos los antecedentes de los funcionarios y vehículos que estaban a cargo del ministro. No descarta citar a declaración a los empleados nombrados por Galaverna.