La fiscala general designó como investigadores del caso a los fiscales Luz Guerrero, Natalia Silva y Laura Giacummo, según informó la misma Sandra Quiñónez en su cuenta de Twitter.
Durante el concierto organizado por la empresa G5pro al menos dos sicarios ingresaron al evento y dispararon contra varias personas, acabando con la vida de la modelo y empresaria Cristina Vita Aranda, además de Marcos Rojas Mora, quien tendría vínculos con el narcotráfico y falleció en el acto.
Además de los fallecidos, unas cinco personas resultaron heridas, entre ellas el presunto narco José Luis Bogado Quevedo, quien cuenta con 34 procesos abiertos en el Brasil y una orden de extradición.
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El multitudinario evento aglutinó a más de 10.000 personas en el anfiteatro de la ciudad de San Bernardino, con la presencia de varios grupos internacionales.
La empresa encargada emitió un comunicado en el que señalaron que socorrieron inmediatamente a las víctimas y decidieron suspender el evento, como también evacuaron a las personas.
No obstante, no brindaron ninguna explicación de cómo los sicarios pudieron burlar la seguridad para ingresar las armas al anfiteatro.
Muchos asistentes también mencionaron que no se controlaron los carnés de vacunación, que es una exigencia del Ministerio de Salud del Gobierno.
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Este viernes nada más, la Superintendencia de Salud informó que procederá a la clausura temporal de la empresa que prestó el servicio de ambulancia en el concierto Ja’umina.
La empresa en cuestión se denomina Servicio de Ambulancia y Emergencia (SAE); el servicio fue criticado por los familiares de la modelo fallecida, quienes señalaron que el vehículo no contaba con los elementos para dar una adecuada asistencia y con elementos para intubar a la mujer.
Los allegados también están evaluando realizar acciones legales contra la organización del evento y convocan a una manifestación este sábado frente a Mburuvicha Róga para pedir justicia por el crimen.
