La jueza Letizia Paredes concedió una prórroga ordinaria de dos meses para que el Ministerio Público continúe investigando el caso de los conocidos como Caseros de oro, que involucra al diputado Tomás Rivas.
Paredes fijó la presentación del requerimiento conclusivo en la causa para el próximo 23 de noviembre. Los fiscales del caso deberán entonces presentar o una acusación o un pedido de sobreseimiento.
La prórroga fue solicitada por el fiscal Luis Piñánez, mientras que los abogados defensores del diputado, Jorge Bogarín y Patricia Vitale, no se opusieron al pedido.
El caso
Rivas está siendo investigado por supuestamente pagar a tres de sus empleados con dinero del Estado. Está imputado por los aparentes delitos de cobro indebido de honorarios, estafa, expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso y uso de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso.
Gracias a una investigación de Última Hora, publicada en el año 2017, se reveló que Reinaldo Chaparro Penayo, Lucio Romero Caballero y Nery Antonio Franco González figuraban como funcionarios a cargo del diputado en el Congreso, pero en realidad cumplían funciones en sus propiedades en Lambaré e Ybycuí.
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Por el caso, se estableció el juicio oral y público para Franco y Romero, en el mes de febrero. Según la acusación, el primero de ambos cobró G. 17.791.660 en total y el segundo percibió la suma de G. 24.000.000.
Con respecto a Chaparro, también se decidió que enfrente juicio oral, pero en una fecha posterior a los demás procesados.
Pérdida de investidura sigue pendiente
Tomás Rivas fue desaforado y se encuentra a la espera de la definición sobre el pedido de pérdida de investidura en su contra, que la Cámara de Diputados debe tratar al igual que la solicitud de expulsión de Ulises Quintana y Carlos Portillo.
El argumento de ciertos legisladores para no tratar estos pedidos es que no existe un reglamento del artículo 201 de la Constitución Nacional, de pérdida de investidura, además de la falta de una condena judicial.
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Recientemente, fue vetado un proyecto de ley que buscaba el autoblindaje de los congresistas, por lo que continúa vigente la norma que establece que para remover a uno de ellos se necesita la mitad más uno de los presentes.
El artículo 201 de la Carta Magna establece que una de las causales de expulsión de los parlamentarios es el uso indebido de influencias fehacientemente comprobado.
