Política

Diputados siguen postergando el estudio de pérdida de investidura

 

La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados debía tratar ayer en su reunión ordinaria los pedidos de pérdida de investidura que pesan sobre tres legisladores: los colorados Tomás Rivas, Ulises Quintana y el liberal Carlos Portillo. Sin embargo, encontraron un nuevo argumento para no tratarlo con lo que sigue el corporativismo para proteger a los imputados.

El titular del órgano asesor, el cartista Derlis Maidana, dijo que se puso a consideración de sus pares el tema, pero que los miembros de la comisión creyeron conveniente que el Senado se expida primero sobre el veto del Poder Ejecutivo a la reglamentación de la ley de la pérdida de investidura.

Recordó que los diputados rechazaron el veto y ahora está en instancias del Senado.

“Vamos a esperar que se expidan, si se acepta o no la ley y ver si podemos juzgarles o no a los colegas. Seguramente, con el reglamento interno de la cámara, ya que si se acepta el veto no quedaría ningún estamento legal sobre ese tema”, remarcó.

Sin embargo, enfatizó que desde la comisión no quieren adelantarse y juzgarle a un colega sin tener una ley.

Consultado sobre cómo en el Senado ya realizaron varias destituciones sin contar con una ley, Maidana dijo que los senadores son autónomos y tienen su propio reglamento.

“No quiero entrar a considerar si ellos obraron o no con justicia al aplicar su reglamento interno, pero en nuestro caso se promovió una ley, se conformó una comisión especial, ha pasado todas las instancias y fue vetado por el presidente de la República, y estamos esperando al Senado”, reiteró.

LOS CASOS. Recordemos que Quintana se reincorporó a sus funciones legislativas tras estar recluido en la cárcel militar de Viñas Cué por diez meses. El diputado se encuentra imputado por tráfico de drogas en carácter de cómplice, tráfico de influencias, asociación criminal, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La Fiscalía lo investiga por supuestos vínculos con el presunto narcotraficante Reinaldo Javier Cabañas.

Por su parte, Rivas está siendo investigado por supuestamente pagar a tres de sus empleados con dinero del Estado. Está imputado por cobro indebido de honorarios, estafa, expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso. Una investigación realizada por Última Hora expuso el caso en febrero del año 2017.

A su vez, el liberal Carlos Portillo fue acusado por el hecho punible de tráfico de influencia, tras la difusión de un audio en el que se lo escucha hablar de un pago de USD 3.000 para lograr una resolución judicial.

El pedido en su contra lleva más de un año en espera.

Los pedidos de destitución de los diputados fueron presentados meses atrás por la diputada liberal Celeste Amarilla, y no se tratan con el argumento de que no existe un reglamento del artículo 201 de la Constitución Nacional, de pérdida de investidura, y por falta de una condena judicial. La legisladora había afirmado que los diputados juzgan políticamente y la Justicia lo hace jurídicamente.

La semana pasada, el propio presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana, incluso manifestó que la Constitución habla de una sentencia firme y ejecutoriada para la pérdida de investidura, cuando dicha situación no se ajusta a la verdad. “Nosotros estamos convencidos de que tiene que haber una sentencia firme y ejecutoriada para que haya pérdida de investidura”, afirmó.

El artículo 201 de la Constitución establece que una de las causales es el uso indebido de influencias fehacientemente comprobado para sacar la investidura a un legisaldor.

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