El lunes, la citada agente, junto con sus colegas Luz Guerrero, Natalia Silva, Néstor Coronel, Jorge Arce y Leonardi Guerrero, habían allanado los juzgados de Paz de La Encarnación, San Roque, Recoleta y La Catedral del primero y segundo turno de la capital.
Esta mañana, informarán al juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, los resultados de los allanamientos simultáneos que se realizaron en los juzgados de Paz sospechados de que se cometieron hechos punibles.
Según Bobadilla, en total se incautaron de 2572 expedientes de juicios ejecutivos, los cuales revisarán y verán si se realizan copias autenticadas, o copias digitales para devolver los expedientes, ya que son juicios que están en trámites actualmente, y que tienen plazos de caducidad.
Igualmente, incautaron celulares de los jueces de Paz Gustavo Villalba, Nathalia Garcete, Liliana González de Bristot y Carmen Analía Cibils. Esta última, en principio, no se encontraba en el Juzgado en horas de la mañana, pero a las 14 del lunes, se presentó y entregó su teléfono.
La agente explicó que harán una revisión expediente por expediente, especialmente, en lo relativo a los puntos hallados en la auditoría, tales como notificaciones “voladoras”, ya que son realizadas a la misma hora, y en localidades diferentes.
Bobadilla reconoció que los juicios ejecutivos estaban en trámite y que en muchos casos, a los afectados les seguían descontando de sus salarios, pero que en ellos habría hechos de corrupción, por lo que se debía ponderar la importancia del trabajo fiscal.
SE PRESENTARON. Por otro lado, a través del abogado Secundino Méndez, se puso a disposición del Ministerio Público, el juez de Paz de La Recoleta, Víctor Nilo Rodríguez. A la vez, solicitó copias de la carpeta fiscal para poder preparar su defensa.
El profesional dijo que entregarían el teléfono en caso de que la Fiscalía se los pida. Además, sostuvo que era peligrosa la medida, ya que podría ser una verdadera “caza de brujas”, refiriéndose a la incautación de los celulares.
Asimismo, otros cuatro investigados, entre actuarios y ujieres, también se pusieron a disposición del Ministerio Público, y entregaron sus respectivos teléfonos celulares.
No obstante, los fiscales pidieron que los mismos confirmaran que son los celulares que utilizan hace tiempo y no hace poco. Esto, con relación a la información que podría contener a la fecha. Hasta el momento, en la causa, no hay imputados.
