Otazú estará a cargo de las diligencias en tanto Rojas conteste la recusación presentada en su contra. La designación fue realizada por el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, informaron desde el Ministerio Público.
Paredes Palma está imputado por el delito de inducción a un subordinado a un hecho punible (en este caso, de homicidio doloso).
Para la defensa -según el documento presentado ante la Secretaría Fiscal Nº2- la imputación no se encuentra avalada ni fundada en evidencia alguna que pudiese haber sido incorporada al cuaderno de investigación fiscal. En ese sentido, consideró que el Ministerio Público actuó sin objetividad.
Este lunes, la fiscala Rojas fue hasta la sede de la telefónica Tigo para obtener el cruce de llamadas en el marco de la investigación del asesinato del dirigente de la Juventud Liberal, Rodrigo Quintana. Pero no pudo seguir con el procedimiento, pues en el lugar se enteró de que fue recusada.
Otorgaron la información
Por su parte, el abogado de Tigo, Miguel Almada, informó que los datos fueron entregados al juez Alcides Corbeta, quien pidió los informes la semana pasada, luego de que el 21 de diciembre de 2017 la Cámara de Apelaciones, Segunda Sala, ordenó incluir en la carpeta fiscal esta información.
“Hemos cumplido con nuestra carga pública de colaborar con la investigación proporcionando la información al Juzgado sobre el cruce de llamadas”, indicó Almada en una conferencia de prensa.
El envío de los datos telefónicos fue realizado a pesar de la recusación que sufrió la fiscala Rojas, quien debía retirar esa información este lunes de la compañía telefónica, en el marco de la investigación sobre el atropello a la sede del PLRA.
“La fiscala se mantuvo apartada de la extracción que hicimos nosotros porque recibió la comunicación de que fue recusada. Entonces, en presencia de una escribana, tuvimos que extraer los datos, alojarlos en un disco y llevarlos al juez para que proceda conforme a derecho”, indicó.
Específicamente, se trata de las llamadas que se hicieron entre la noche del 31 de marzo y madrugada del 1 de abril. Unos 20 números telefónicos están afectados por la solicitud del magistrado.
