El fiscal Silvio Corbeta, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, estuvo verificando el proceso in situ de cómo se realizó la presentación de los formularios para retirar los cables.
“Son 350.000 m2 de cables que tendrían un valor de aproximadamente G. 7.500 millones que se denuncia como un perjuicio patrimonial”, expresó el fiscal en contacto con Radio Monumental 1080 AM.
El caso denunciado por la ANDE el año pasado concluyó con una imputación a siete funcionarios de la entidad y a una persona que sería de la empresa contratista.
Se presume que se estuvo retirando “de forma indiscriminada” los cables y de que hubo “una suerte de participación de funcionarios”, ya sea de encargados del despacho. Estos –según el Ministerio Público– habrían tenido ligereza u omisión en cuanto al control efectivo de la entrega de estos cables.
Los cables retirados fueron de diferentes tipos y de diferentes milímetros, que tenían varios usos, que fueron sacados de una sección de la ANDE que está ubicado en la ciudad de Limpio.
LOS IMPUTADOS. El 10 de mayo del 2024, el fiscal Silvio Corbeta imputó a los funcionarios de la ANDE, los cuales son Ronie Rodríguez (jefe de la sección Distribución de Limpio), Gerardo Samudio, Édgar Báez, Fernando Giménez, Egidio Bordón, Juan González y Francisco Ariel Ocampos. También presentó imputación contra Julio Lovera, un empleado de la firma CIME SRL.
Todos ellos habrían formado parte de una asociación criminal para pedir, retirar y entregar cables del ente eléctrico, por lo que fueron imputados por ese hecho y también por el delito de estafa.
La diligencia de ayer fue para determinar el grado de responsabilidad de los procesados.
Toda la sospecha se centra en que simularon “una necesidad inexistente para el uso de los materiales”.
Figura que Rodríguez, como jefe de la sección de Distribución, pidió y retiró 334.213 de cables del depósito de materiales que está ubicado en la sede de Boggiani.
Ronie Rodríguez autorizó supuestamente a los funcionarios Gerardo Samudio, Édgar Báez, Fernando Giménez, y al empleado de la empresa CIME a retirar los cableríos.
Según la Fiscalía, la auditoría que hizo la ANDE responsabiliza también a los demás funcionarios encargados de controlar si se cumplían los requisitos establecidos en los manuales internos de la institución para posteriormente proceder a la entrega de los de los cables. Hasta el momento, la Fiscalía no logró conocer el destino de los cables.
