La restitución de fueros a los senadores Erico Galeano, Hernán Rivas y Rafael Filizzola es ilegal, según la opinión del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, que sentó una posición sobre el polémico hecho en una entrevista con radio Monumental 1080 AM.
“La clase política asumió una posición, pero el análisis jurídico no responde a los estándares de aceptación; entonces hay que ver el mecanismo jurídico para salir de este embrollo”, reflexionó.
Rolón indicó que la Fiscalía solicitó a los jueces que llevan las causas que se pronuncien sobre el caso, para definir qué acciones tomar.
“Lo que hizo el Ministerio Público fue una señal y un posicionamiento político. Era muy necesario para calmar las aguas, para que se sepa la opinión del Ministerio Público y creo que se logró el efecto”, añadió.
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Sin embargo, el fiscal general evitó referirse a una posible apertura de una causa contra los legisladores que votaron por la restitución de sus fueros, hecho que podría llevar a la paralización de los procesos abiertos contra sus colegas.
El senador Erico Galeano está imputado por lavado de dinero, asociación criminal y otros delitos. Su caso se indaga en el marco del operativo A Ultranza, que investiga una red dedicada al lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
Los fiscales Silvio Corbeta y Deny Yoon Pak están al frente de las pesquisas y deben presentar requerimiento conclusivo para el 24 de mayo.
El juez de Crimen Organizado, Osmar Legal, deberá definir si sigue con el proceso –que ya fue abierto– o lo paraliza por el blindaje que le fue nuevamente otorgado al senador colorado.
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Dudoso título de abogado
Por su parte, Hernán Rivas está imputado por producción mediata de documento públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso. Se lo investiga por presentar un supuesto título de abogado.
Sus abogados solicitaron la desestimación de la denuncia, argumentando la supuesta restitución de fueros. La causa es llevada por el juez Miguel Palacios.
En el caso de Rafael Filizzola, tiene una causa por presunta lesión de confianza en la construcción de comisarías en Asunción, que, supuestamente, causaron un perjuicio al Estado durante su gestión como ministro del Interior.
La fiscal Natalia Fúster solicitó el pronunciamiento de la Sala Constitucional, que “resulta ser esencial” para la continuidad de la causa abierta desde el 2013.
