El Ministerio Público está en la mira porque es el titular de la acción penal en los diferentes casos y con la restitución de los fueros lo que hace el Congreso es intentar frenar los procesos blindando a los investigados, lo que los especialistas consideran una intromisión y una medida inconstitucional, además de no existir precedentes.
Rolón también fue cuestionado por sus últimas actuaciones en favor de un sector político, sobre todo el caso de las filtraciones de conversaciones entre el abogado Pedro Ovelar, defensor de Horacio Cartes, y el fiscal Aldo Cantero, donde el agente recibía instrucciones para imputar a Mario Abdo. El fiscal general minimizó el hecho y solo apartó a Cantero, mientras que dio una semana de tiempo para incautar los celulares.
Tras las declaraciones de Santiago Peña, justificando la restitución de fueros, al indicar que la Fiscalía se atrasó en la acusación y que no encontró elementos en contra, el fiscal general sostuvo que el presidente se apresuró en opinar.
Peña fue cuestionado por sus dichos errados, ya que la Fiscalía tiene tiempo para acusar hasta mayo.
“La política de hoy en día debe hacerse cargo de sus verdaderas intenciones. No tratemos de darles un cariz que no tienen”, lanzó el fiscal general.
EXPERTOS. Los diferentes expertos señalan que la decisión de la bancada de Honor Colorado es un atropello y representa un desorden jurídico.
Luis Lezcano Claude, ex ministro de la Corte, considera que los jueces de cada caso deberían omitir la resolución del Senado.
Señaló que la decisión de conceder el desafuero es definitiva, para un proceso determinado y por todo el tiempo que sea necesario para su tramitación; por lo tanto, no puede volverse atrás, como lo hizo el Congreso.
“Admitir que la Cámara de Senadores puede revertir un desafuero implica aceptar que puede interferir en un proceso penal en curso, en cualquier etapa del mismo. Esto resulta ilógico, absurdo, arbitrario e inconstitucional”, sentenció Lezcano Claude.
El ex magistrado sostuvo que la Constitución no reconoce la facultad del Congreso de revertir un desafuero y además prohíbe que un poder del Estado interfiera en un proceso penal. Asegura que se atenta contra la independencia del Poder Judicial.
Finalmente, Lezcano expone que si el juez cae ante la presión del cartismo y paraliza la causa, el Ministerio Público debe apelar y promover ante la Corte Suprema de Justicia una acción de inconstitucionalidad contra la resolución de la Cámara de Senadores.
La intención del cartismo es salvar de una acusación a Erico Galeano, principalmente, quien está imputado por lavado de dinero y asociación criminal tras el operativo A Ultranza Py, que descubrió una red de tráfico de cocaína.
El apoyo de Peña a interferir en la causa fue un escándalo. La abogada Cecilia Pérez cuestionó su respaldo a un hecho inconstitucional.
“El presidente de la República nos está confirmando que el Congreso, más específicamente el cartismo, se puso en la posición de tener injerencia en el Congreso, determinando cuándo se deben paralizar los procesos y cuándo continuar”, expresó la ex ministra de Justicia.
Por su parte, el abogado José Casañas Levi aseguró que esto causará un caos jurídico e hizo énfasis en que lo importante es saber qué hará la Fiscalía, que es la titular de la acción penal y es la interesada en que continúe el proceso.
Dijo que los jueces podrían pasar por alto la decisión del Senado alegando que la resolución no tiene efecto.
