La carrera del Funcionario Legislativo con servidores idóneos y capacitados para la creación de políticas públicas, así como un ahorro de dinero público en remuneraciones podría haber sido una realidad. Aunque el anteproyecto apuntaba a la reducción de casi 3.000 funcionarios fue enterrado, casos como el de la senadora Zenaida Delgado reabren el debate sobre la contratación de personal en el Congreso.
El 2 de febrero de 2024 un grupo de legisladores de la oposición anunció que estaba trabajando en un anteproyecto de ley que Establece la Carrera del Funcionario Legislativo. El documento planteó una profunda reestructuración del Congreso Nacional al afirmar que la institución podría funcionar con 625 servidores públicos.
De esta manera, calcula un promedio 5 funcionarios por cada uno de los 125 legisladores; 80 diputados y 45 senadores.
El texto destaca una superpoblación de 2.870 funcionarios que contemplaba el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2024, pero la cifra quedó corta con relación a lo proyectado para el 2027, ya que figuran 3.543 personas en la nómina de la Cámara de Diputados, Senado y Congreso Nacional.
Esto significa que hay 28 funcionarios por cada legislador.
Descartado. La entonces senadora Kattya González era la principal proyectista y había abordado esta iniciativa tras el escándalo de los nepobabies de legisladores. Entre ellos, estaban hijos de los senadores Silvio Beto Ovelar (ANR), Derlis Maidana (ANR) y Ramón Retamozo (ANR), así como de los diputados Roya Torres (PLRA) y José Domingo Adorno (ANR).
Sin embargo, la impulsora de la carrera legislativa fue expulsada 12 días después del Senado en un cuestionado juicio político y esto impidió que el proyecto viera la luz. Ningún otro legislador se animó a defender la depuración de funcionarios del Congreso.
No hay interés. González afirmó que la falta de una carrera técnica del funcionario legislativo favorece la discrecionalidad y permite utilizar los recursos públicos para construir lealtades políticas. Sostuvo que el oficialismo no tiene interés en modificar este sistema porque se beneficia del desorden y de la posibilidad de distribuir cargos y privilegios.
“Si vos organizás este caos, se termina y se corta la cadena que es secuestrar voluntades a partir del dinero público”, manifestó.
La ex legisladora consideró que la ausencia de reglas claras para el ingreso y la promoción de funcionarios permite que los cargos se distribuyan según afinidades políticas, en lugar de responder a la preparación profesional y las necesidades de la institución.
“Cada año se crean rubros, pero no para el concurso, sino acá se crean rubros para el amigo, el afín, el que acompaña”, cuestionó.
La ex senadora vinculó esta situación con el caso de Zenaida Delgado, al señalar que, pese a cuestionar su desempeño legislativo, era una de las parlamentarias que más funcionarios tenía asignados. De acuerdo a las denunciantes, tiene a su cargo 17 personas, a las que además les estaría descontando bonificaciones o cobrando millones a cambio de gestionar sus nombramientos.
González también cuestionó los privilegios que se habrían generado desde el Ministerio de Desarrollo Social para allegados de Delgado, y mencionó la necesidad de que autoridades como el ministro de Vivienda Juan Carlos Baruja y representantes de Itaipú den explicaciones sobre los beneficios que habrían recibido su entorno familiar.
“Acá hay gente que se está salvando de las explicaciones”, afirmó.
En ese sentido, también apuntó al titular del Congreso Nacional, Basilio Bachi Núñez, quien finalmente aprueba mediante resoluciones las contrataciones, los nombramientos y ascensos.
escalafón. Desde el año pasado, ciertos funcionarios perciben un adicional por escalafón. En ese marco, el PGN 2027 prevé destinar G. 13.768 millones, equivalentes a USD 2,1 millones, a funcionarios que tengan cargos de responsabilidad.
“El escalafón hoy es inexistente porque si vos no tenés un protocolo, solo una ley marco, ¿cómo vas a implementar tu escalafón? Tu escalafón es solamente presupuestario”, criticó González.
Límites. Además de los puntos señalados, el anteproyecto establece que cada legislador cuente con solo tres personas de confianza y las mismas deben abandonar su cargo cuando termine el mandato de quien lo contrató. En la práctica, los senadores y diputados perpetúan a sus familiares y amigos en el Congreso Nacional con jugosos salarios a costa del Estado.
