El fiscal Claudio Navas confirmó a Efe que, en concreto, solicitó al juez en lo penal económico Javier López Biscayart que se impulse una investigación criminal por los delitos de contrabando “agravado por el número de personas, por haber presuntamente participado funcionarios públicos y por ser armas de guerra”. Además de Macri, Navas imputó a su ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; y al de Defensa, Óscar Aguad; así como al ex embajador argentino en Bolivia Normando Álvarez García y tres funcionarios de Gendarmería.
En manos del juez
El lunes pasado, el actual Gobierno, que asumió en diciembre de 2019 tras vencer a Macri en las elecciones de octubre, presentó una denuncia penal por el presunto envío a Bolivia de municiones y material antidisturbios de forma paralela a la asunción de Jeanine Áñez como presidenta el 12 de noviembre de 2019, toma de poder que Argentina considera fue un golpe de Estado contra el entonces mandatario Evo Morales.
Esa denuncia, que busca determinar si esos ex funcionarios enviaron de forma ilegal municiones para reprimir las protestas tras la salida Morales, recayó en manos del fiscal, quien decidió dar impulso a la presentada por el Gobierno.
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Según especificó Navas, la imputación contra los miembros de Gendarmería es por ser quienes habrían llevado a cabo el traslado del armamento; mientras que a Bullrich es por supuestamente ordenar ese envío; a Aguad por brindar apoyo con el avión para el traslado y al ex embajador por ser a quien el ex comandante de la Fuerza Aérea Boliviana Gonzalo Terceros dirigió una carta de agradecimiento por el material recibido.
En tanto, a Macri se le acusa porque ese procedimiento debía requerir de un conocimiento “directo o indirecto” del ex mandatario, porque ejercía como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.
Ahora, el juez deberá decidir si acepta iniciar la investigación y las medidas de prueba solicitadas por el fiscal –entre ellas la posibilidad de unir la denuncia presentada por el Gobierno con otra similar que presentó un ex magistrado–, o si de lo contrario decide archivar la causa por entender que no existe delito.
70.000 municiones bajo investigación
En concreto, la vista está puesta sobre el destino de unas 70.000 “municiones antitumulto” que según el Gobierno actual salieron del país para ser usadas para proteger la Embajada argentina en La Paz, pero que finalmente no fueron utilizadas con ese fin ni autorizadas por la Policía boliviana.
“El Gobierno del entonces presidente Mauricio Macri envía un grupo de élite que se llama Alacranes, que pertenecen a la Gendarmería, para reforzar la seguridad del embajador, la embajada y su familia y al personal que está dentro de la embajada”, señaló el pasado miércoles la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, en un encuentro con prensa internacional.
La funcionaria, de cuyo ministerio depende la Gendarmería, especificó que esos 10 efectivos llegaron acompañados por armamento y municiones que pasaron el registro correspondiente, y recalcó que “paralelamente en el mismo vuelo”, el 12 de noviembre de 2019, fueron transportadas esas 70.000 municiones sospechadas.
Pero agregó que el Escuadrón Alacrán “no disparó un solo tiro” en La Paz, ni con las municiones investigadas ni con las sí autorizadas por la Policía de Bolivia: “Además, el grupo Alacrán no está preparado para hacer uso de esas municiones, ni para contener manifestaciones”, sentenció.
“Es la primera vez, y esto nos avergüenza como argentinos, que un presidente democrático de nuestro país habría colaborado con un golpe de estado de un país hermano”, expresó en ese mismo encuentro el ministro de Justicia, Martín Soria.
En una entrevista con Efe el fin de semana pasado, Macri negó haber enviado munición “letal” a Bolivia, y denunció una “persecución” en contra de su familia y sus colaboradores por parte del actual Ejecutivo argentino.
