Víctor Ortiz Benítez
@pinchi_ortiz
Dos empresas brasileñas ligadas a la Operación Lava Jato (conocida así en el Brasil una megainvestigación contra la corrupción) están pugnando por lotes en una licitación de USD 480 millones del Ministerio de Obras Públicas (MOPC).
Se trata del llamado a licitación para la ampliación y mejoramiento de la ruta PY01 en el tramo Cuatro Mojones-Quiindy. La longitud de las obras es de 108 kilómetros. El llamado está en proceso de evaluación.
Historial. Las dos empresas que siguen en carrera y que están vinculadas al Lava Jato son Álya Constructora SA (Ex Queiros – Galvão) y AG Construções e Serviços.
La primera fue declarada como “empresa no idónea”, a fines de enero del 2020, por la Contraloría General de Brasil para suscribir contratos públicos con el Gobierno brasileño por su implicación en hechos de corrupción. La firma es una importante constructora con obras en diferentes países de América Latina y África.
La medida fue adoptada debido a que la constructora actuó “en defensa de intereses oscuros y particulares, de forma concertada y engañosa, para frustrar, desviar y defraudar licitaciones de Petrobras en complicidad con otras empresas”, según reza el comunicado publicado en ese entonces.
En mayo del 2022, la empresa pasó a llamarse Álya Constructora SA. El cambio de nombre de la empresa sigue un patrón que se ha repetido entre los grupos involucrados en la Operación Lava Jato: En los últimos años.
Álya Constructora SA integra el Consorcio Rutas del Mercosur con Tecnoedil SA, Construpar SA y Semisa Infraestructuras SA.
La otra firma es AG (Andrade Gutierrez) Construções e Serviços. En el 2018, esta constructora brasileña firmó un acuerdo de clemencia con las autoridades en el que se comprometió a devolver a las arcas públicas 1.490 millones de reales (USD 382 millones) por daños y perjuicios.
Esa cantidad deberá ser pagada en un plazo de 16 años en concepto “de daño, enriquecimiento ilícito y multa en el marco de 54 contratos fraudulentos envolviendo recursos públicos federales”, procedentes principalmente de la petrolera estatal Petrobras, según un comunicado del Ministerio de Transparencia y la Abogacía General de la Unión (AGU) en ese momento.
AG Construções e Serviços forma parte del Consorcio AG-Tocsa. Justamente, esta última empresa acompaña a la firma brasileña en el consorcio.
Calificación. A pesar de los antecedentes de las tres firmas brasileñas, la cartera vial solo descalificó a una, y mantiene en el concurso a las dos restantes. La única firma descalificada es OAS (Coesa Construção e Serviços).
Esta empresa se convirtió en foco de atención durante el apogeo de la Operación Lava Jato de la Policía Federal. La operación llevó a la recuperación judicial a la mayoría de los contratistas involucrados en el plan de sobornos de Petrobras, incluida OAS.
Contexto. El 31 de mayo del 2023, el MOPC inició el proceso de precalificación de los consorcios interesados en quedarse con uno de los lotes del mencionado llamado a licitación.
Se presentaron un total de seis empresas paraguayas, consorciadas, cada una de ellas, con empresas extranjeras. Esto, debido a que los Pliegos de Bases y Condiciones (PBC) exigían experiencia en este tipo de obras, ya que se trataba de ofertar y construir la obra por el sistema de Asociación Público Privada (APP) y administrar por un periodo de 30 años.
Las obras fueron divididas en cinco tramos y seis consorcios se presentaron a competir.
El 25 de julio, el Ministerio solicitó aclaraciones sobre los primeros documentos entregados a fines de mayo. El 16 de noviembre siguiente, el MOPC vuelve a requerir aclaraciones. Esta vez, sobre los consorciados brasileños y sus accionistas.
El 29 de diciembre, un Comité Evaluador de la cartera vial comunica que de los seis consorcios que presentaron sus documentos, quedaron calificados cinco.
De los seis consorcios, tres tenían como integrantes a empresas brasileñas ligadas al Lava Jato, considerada hoy como la mayor operación anticorrupción en la historia de Brasil, que incluso había condenado a la cárcel al ex presidente Lula Da Silva y luego revocada la condena.
No obstante, los trabajos costarán USD 480 millones, pero serán costeados por las mismas constructoras como parte de una Alianza Público Privada (APP). El Estado pagará por los trabajos mediante los peajes en las tres décadas posteriores a la terminación de las obras.
Sin respuestas. Intentamos comunicarnos con la ministra Claudia Centurión, de Obras Públicas, como también con Amílcar Guillén, director de Proyectos Estratégicos del MOPC. Sin embargo, desde el Departamento de Comunicación de la cartera nos respondieron que ambos están de viaje, por lo que no pudieron responder a nuestras llamadas.
