El senador Rafael Filizzola, del Partido Democrático Progresista (PDP), explicó que mantuvo una reunión con representantes de la comunidad de Corpus Christi, donde el pasado 14 de agosto fueron abatidas dos personas, tras un supuesto enfrentamiento con agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad): un líder indígena y un docente.
Mencionó que tanto el líder indígena Antonio Carrillo Mancuello como el docente Catalino Correa Acevedo no tenían antecedentes ni órdenes de captura pendientes.
“El médico forense dijo que tenían rastros de lesiones en las muñecas y en los tobillos, que fueron acribillados supuestamente en un camino vecinal. El propio forense dijo que uno de los disparos fue de abajo para arriba”, añadió.
Ante las dudas que giran en torno a este operativo, el legislador consideró oportuno la presencia del titular de la Senad, Jalil Rachid, en el Congreso Nacional.
“Ya habíamos invitado al secretario de la Senad (Jalil Rachid) y no pudimos escucharle porque coincidió con lo de Pedrozo (accidente fatal) y habíamos quedado en coordinar otra fecha”, prosiguió.
Al senador le pareció muy relevante el conflicto por la tierra en la zona.
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“Algo que me parece muy relevante es que hay un conflicto por la tierra. Hay muchos componentes que son ajenos a un tema de seguridad. El temor que tenemos es que esto haya sido sencillamente una consecuencia del conflicto de la tierra, donde hay intereses muy poderosos”, manifestó.
Por último, señaló que espera que “haya coraje de investigar esto a fondo” lo ocurrido en aquel procedimiento.
Por su parte, el presidente del Congreso, Basilio Bachi Núñez, sostuvo que “él no quiere creer en lo que dice la Policía, la Senad ni el ciudadano” y pidió que se investigue. “Que las instancias correspondientes investiguen”, sentenció.
La versión que en su momento dio Rachid es que el docente y el líder indígena dispararon a agentes que patrullaban la zona, por ello supuestamente se produjo un enfrentamiento y ambos fueron abatidos.
La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) exigió que se investigue lo sucedido y señalaron que desde la ampliación de la zona militarizada en Canindeyú, las comunidades campesinas e indígenas se encuentran expuestas a situaciones de violencia y enfrentamientos entre el Estado y grupos irregulares.
