18 sept 2026

Fernando González Karjallo quiere parar remate de casa de su abuelo

Subasta. El inmueble debe venderse el 9 de julio, según la Senabico.

Hijo de RGD imputado por alquiler de vivienda comisada a nombre de la Senabico_57751626.jpg

Frenar remate. Ramón González Daher (der.) y su hijo Fernando González Karjallo (centro). La defensa de este último pide frenar el remate.

ARCHIVO

La defensa de Fernando González Karjallo, hijo de Ramón Mario González Daher, solicitó la exclusión de un inmueble que fue heredado de su abuelo, un veterano de la Guerra del Chaco, decomisado por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), y que será subastado este 9 de julio.

La abogada Raquel Talavera, en representación de González Karjallo, solicitó a la jueza de Ejecución Sandra Kirchhofer que se excluya del decomiso un inmueble ubicado en el distrito de Luque, adquirido por herencia varios años antes de los hechos que motivaron su condena.

Lo que quiere la defensa es frenar el remate previsto por la Senabico para el próximo 9 de julio, ya que el inmueble individualizado como Finca N° 1401 de Luque proviene de la sucesión del veterano de la Guerra del Chaco, Segundo Karjallo Sosa.

Talavera cita el juicio sucesorio de Segundo Karjallo Sosa, en el que la vivienda fue adjudicada a su nieto Fernando González Karjallo, mediante sentencia judicial dictada en 2012.

Agrega que los hechos por los que fue condenado abarcan el periodo comprendido entre 2014 y 2019.

La profesional del Derecho sostiene que el bien ya era suyo y por título del propio Poder Judicial, antes que cualquiera de los hechos por los que se lo condenó. Aun así, está a un paso del martillo.

Remarca que el decomiso se dispuso únicamente bajo el artículo 90 del Código Penal, que solo permite privar de las ganancias de un delito. Con ello, apunta que una herencia anterior y lícita no es ganancia de ningún delito.

Para la defensa, “rematarla es una confiscación prohibida por la Constitución (artículo 20) y un ataque directo a la inviolabilidad de la propiedad y la herencia (artículo 109). No se está rematando el producto de un delito: se está rematando la herencia de un veterano de la Guerra del Chaco, con título que expidió la propia Justicia en 2012“, indica Talavera.

“Si el Estado puede subastar un bien que un juez adjudicó, entonces ninguna propiedad en el país está a salvo”, sostuvo la defensora.

Medida Cautelar. Con estos argumentos, la defensa pide a la jueza de Ejecución que decrete la medida cautelar de no innovar sobre la citada finca, teniendo en cuenta que aún no se resolvió el incidente de exclusión de inmueble adquirido por herencia, y la nulidad de inscripción a nombre de la Senabico.

Además, dice la defensa que, paralelamente, ante la Sala Constitucional de la Corte se halla en trámite la acción de inconstitucionalidad contra la resolución del 22 de mayo de 2023 y sus resoluciones confirmatorias.

En esa acción se solicitó la medida cautelar de suspensión de efectos y de la subasta pública programada por la Senabico, pero hasta ahora la Corte no se expidió, alega la defensa.

Solicita a la jueza que requiera un informe a la Corte para determinar si, en el marco de la citada acción, se dispuso o no la suspensión de los efectos de las resoluciones impugnadas.

La jueza debe resolver el pedido, con el fin de determinar si excluye o no la mencionada propiedad de los bienes comisados como pide la defensa, o si mantiene la medida, con lo que la vivienda será rematada.

Padre e hijo con celulares en celda

Tanto Ramón Mario González Daher como su hijo Fernando González Karjallo tenían en su poder aparatos celulares que fueron incautados por los encargados de su custodia. Esto, según informó a la jueza de Ejecución, Sandra Kirchhofer, la Dirección de Establecimientos Penitenciarios, dependiente del Ministerio de Justicia. Según indicaron, el 11 de junio pasado, a las 06:45, en una revisión de rutina hallaron dos celulares en las celdas de Ramón González

Daher y su hijo Fernando González Karjallo, quienes cumplen sus condenas de 15 y 5 años de prisión, respectivamente. Según el informe los aparatos están bloqueados. Se consulta si se les debe trasladar.

Más contenido de esta sección
En una acción de inconstitucionalidad contra un fallo laboral que ordena el reintegro de un trabajador, la abogada de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), sostuvo que la Corte Suprema de Justicia debía admitir la acción para “mantener el buen relacionamiento con la Argentina”, y que “la relación diplomática pendía de un hilo y estaba supeditada a que se admitiera la acción”, lo que fue tomado como un intento de intimidar a los ministros. Al final, el pedido fue rechazado in límine.
El juez de Garantías Francisco Acevedo Morel concedió las medidas alternativas a la prisión preventiva a cinco de los procesados por la supuesta apropiación de recursos de la Municipalidad de Asunción, causa conocida como la mafia del asfalto. Fue a pedido del agente fiscal.
La defensa de Cristhian Amarilla Cabaña, ex jefe de Inteligencia de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), apeló la resolución que decretó su prisión preventiva en la cárcel militar de Viñas Cué, dictada por el juez de interino Humberto Otazú, en el caso de las supuestas filtraciones en dicha cartera.
El juez de Delitos Económicos Humberto Otazú, a pedido de la fiscala Sophia Galeano, sobreseyó de forma provisional a la ex magistrada de Paz de Luque, Norma Beatriz Ortiz Díaz, y a otras seis personas, en una de las causas de la llamada mafia de los pagarés. Ahora, la Fiscalía tiene un año para reabrir la causa.
El Tribunal de Apelación Especializado ratificó la autorización para la extracción de datos de 26 dispositivos, entre celulares y otros, incautados del ex senador argentino Edgardo Kueider e Iara Guinsel en la causa por supuesto lavado de dinero por la compra de varios departamentos en Asunción.
Evolución. La voz de Hugo Javier mejora, pero todavía no podrá declarar ante la Fiscalía.