El funcionario no solo confronta intereses del sector, sino también de referentes políticos de distintos partidos que cuestionan su manejo en el cargo.
El caso más grave es el expuesto por el senador Salyn Buzarquis, que llevó a Sosa a presentar una denuncia penal ante la Fiscalía la semana pasada, contra personas innominadas, por un hecho punible a determinar, tras la acusación del liberal, en plena sesión.
Buzarquis indicó que “los altos directivos de la ANDE, con complicidad de sus funcionarios, facturan en promedio USD 500.000 en coimas por robo de energía al pueblo paraguayo con las criptomonedas ilegales”.
Por su parte, también el senador colorado Colym Soroka cuestionó la gestión del presidente de la ANDE y anunció que pedirá su interpelación, debido a su decisión de elevar la tarifa que cobra a las criptomineras por consumo de energía eléctrica.
La presión es grande y la cabeza de Sosa está en juego. La decisión será del presidente Santiago Peña, quien también impulsa proyectos de ley que afectan al sector, uno de ellos, que aumenta la pena para las mineras clandestinas.
El proyecto modifica el Código Penal en su artículo 173, y aumenta de 3 a 10 años de cárcel para quienes cometan el hecho, además, establece la incautación de los bienes de las instalaciones, para evitar que se trasladen al ser intervenidas.
En tanto, continúa el desacuerdo entre la ANDE y las criptominerías instaladas en el país, por el aumento de entre 10% y 16% en las tarifas que pagan los que integran el grupo de consumo intensivo especial.
La denuncia que hizo Buzarquis fue la que obligó a Sosa a responder, para des-lindar cualquier responsabilidad sobre supuestas coimas.
“Como presidente de la ANDE, tengo la obligación de venir a denunciar, considerando la grave acusación contra funcionarios de la ANDE. Nosotros somos los primeros en querer saber quiénes son los responsables, considerando que esta administración se caracteriza por perseguir las conexiones directas”, explicó.
Se defendió diciendo que la ANDE está comprometida en la persecución de los hechos punibles por robo de energía, con 71 causas abiertas en la Fiscalía, además de procedimientos en los cuales se incautaron más de 9.410 procesadores de datos, 42 transformadores y conductores de diversos tipos utilizados para la obtención ilegal de energía eléctrica.
