“Durante 2025 hicimos más de 23 solicitudes de reforzamiento de protección. La última se presentó el 5 de junio del presente año”, dijo a la prensa el abogado de la familia, Víctor Mosquera, desde la puerta principal de la Clínica Fundación Santa Fe, donde Uribe Turbay se encuentra en estado crítico tras ser disparado el sábado en un mitin electoral.
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Según explicó el abogado, esas solicitudes advertían que Uribe, considerado desde 2023 como un dirigente en “riesgo extraordinario”, debía contar con medidas especiales al convertirse en precandidato presidencial de oposición.
Sin embargo, aseguró que todas las respuestas recibidas por parte de la UNP eran “un copy-paste”, descartando el refuerzo.
“La UNP no tuvo en cuenta que en octubre de 2024 (Uribe Turbay) ya era candidato presidencial y que debía mejorar sus condiciones de seguridad”, añadió Mosquera.
El abogado denunció que Uribe Turbay viajó sin escoltas a Cartagena en mayo para asistir a la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) y que la negativa a cubrir esos desplazamientos dejó al precandidato “en estado absoluto de indefensión”.
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Por ello, la familia solicitó a la Fiscalía abrir una nueva línea de investigación para esclarecer si hubo omisión institucional que facilitó el ataque.
La fiscala general, Luz Adriana Camargo, confirmó este lunes en una rueda de prensa que citará para que rinda cuentas sobre la composición del esquema de seguridad de Uribe Turbay al director de la UNP, Augusto Rodríguez, quien fue compañero del presidente izquierdista, Gustavo Petro, en el extinto grupo guerrillero M19.
La seguridad del precandidato era mixta y contaba con agentes de la Policía Nacional, quienes también están bajo investigación disciplinaria por este caso.
La Procuraduría colombiana informó este lunes sobre la apertura de una investigación disciplinaria contra Augusto Rodríguez por una “presunta omisión de sus funciones para garantizar la seguridad a los miembros del Centro Democrático”.
De acuerdo con la entidad, “el director nacional del partido, Gabriel Jaime Vallejo, le había solicitado a la UNP la revisión, fortalecimiento y garantía de los esquemas de seguridad para todos los miembros y líderes políticos de esa colectividad”, pero esos requerimientos “no fueron atendidos”.
El atentado de Uribe Turbay, quien fue sometido a dos cirugías tras recibir tres impactos de bala, ha despertado preocupación por la seguridad de los aspirantes en la contienda electoral.
El atacante, según confirmó la Fiscalía, fue un menor de 15 años que fue capturado poco después del ataque y será judicializado en una audiencia este lunes.
Fuente: EFE.
