Es un caso muy didáctico sobre el funcionamiento hediondo del sistema de justicia paraguayo pues, pese a tratarse de un episodio notablemente bien documentado, la investigación del crimen fue trabada de varias maneras.
Obviamente, el método principal fue el de sostener que todo ocurrió por impulso de una sola persona, soslayando la existencia de coautores, encubridores y mandantes del operativo policial que terminó con la vida del joven dirigente liberal. Se buscó, sobre todo, evitar que se averigüe quién dio la orden de ingresar al local partidario.
Por eso, la fiscala Raquel Fernández, coherente con la línea cómplice del Ministerio Público, sostuvo ya en 2017 que no se prestaría al “morbo” y se negó a pedir los cruciales datos sobre las llamadas entrantes y salientes del presidente Cartes y su entorno inmediato en los minutos claves que antecedieron al atraco policial.
Para todo lo demás están las chicanas.
Hubo una infinidad de ellas, destinadas a entorpecer el avance del proceso. Hasta aquí, nada nuevo: es la típica estrategia de la defensa de los acusados, buscando la extinción del caso o el agotamiento de la contraparte.
Lo inaudito aquí es que la enorme mayoría de los recursos obstruccionistas fueron interpuestos por los querellantes y no por los abogados defensores.
Esta extraña situación se produjo porque los padres de Rodrigo Quintana, los principales interesados en conocer la verdad sobre el homicidio de su hijo, fueron apartados del juicio gracias a una artimaña inesperada. Apareció en escena Leticia Redes, una ex pareja de Rodrigo, con quien ya no mantenía relación, aunque tenían una hija en común. Basada en este hecho ella solicitó ser admitida como querellante adhesiva y designa como abogada a Ana Mora.
La única foto publicada en las que Leticia y Ana posan juntas fue en un acto de Honor Colorado, movimiento del cual ambas son activistas.
Tras la muerte de Rodrigo, aún durante el gobierno de Cartes, Leticia Redes fue nombrada funcionaria del Banco Nacional de Fomento. Desde su rol de querellante, sus intervenciones tuvieron el fin de dilatar el proceso. Así, en febrero de 2018 se opuso a que se incluyan los cruces de llamadas, arguyendo que “violan derechos de terceros”. Curiosamente, la supuesta representante de los intereses de la hija de Rodrigo Quintana estaba más preocupada por derechos de terceros antes que llegar a la verdad.
En otro escrito, la querellante se transformó en protectora del ex jefe policial que encabezó el ataque, Tomás Paredes Palma, asegurando su inocencia.
También promovió una acción que buscaba censurar la emisión de las impactantes imágenes del asesinato. Fue sancionada por el juez Alcides Corbeta por conducta temeraria y ser litigante de mala fe. La abogada lo había recusado en siete ocasiones “con visible carencia de fundamentos en los escritos presentados”. A fines de 2021 la abogada Ana Mora obtuvo lo que buscó denodadamente desde que ingresó a la causa: excluir de la querella a los padres de Rodrigo.
En total, entre recusaciones, desestimaciones, impugnaciones, desistimientos y demás recursos hubo 42 presentaciones destinadas a frenar el juicio. Hay pocos casos en la historia procesal de una querella tan interesada en que su acusación no prospere.
Esta farsa ocurre ante los ojos impasibles de una Justicia que actúa como si no pudiera hacer nada para evitar el uso abusivo del Derecho. Sin embargo, el asesinato de Rodrigo Quintana fue un crimen de Estado y, mal que les pese a los canallas que participaron de esa trama, la verdad saldrá a la luz.
