Un debate más que coyuntural se generó ayer durante la última jornada de la I Conferencia Latinoamericana de Arbitraje, cuando los expertos jurídicos comenzaron a profundizar sobre el arbitraje de inversión y los tratados de promoción y protección de los capitales extranjeros.
Los casos de Bolivia, Venezuela y otros países de la región que han tomado decisiones de política económica en dirección contraria a los intereses de los inversionistas fueron ampliamente citados por los expositores, así como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), tribunal de arbitraje del Banco Mundial, donde Paraguay tiene dos casos pendientes (con a Bivac Bureau Veritas y SGS).
“La mayor percepción de riesgo político, por la interferencia de los Estados en el uso y goce de las inversiones extranjeras, ha creado una creciente conciencia del riesgo que enfrentan los inversores, las formas de que ese riesgo pueda ser controlado o pueda ser objeto de tratamiento en tratados de inversión”, sostuvo el experto Ignacio Suárez Anzorena, del Clifford Chance, EEUU.
Manifestó que la gran preocupación de algunos Estados es que esto ha sido llevado a una órbita que ellos no controlan y cuyos efectos no se imaginaron cuando voluntariamente adhirieron a la Convención del CIADI.
Por esto, tanto Bolivia -que se retiró del Centro- y los otros países que han amenazado con seguir sus pasos fundamentan su decisión en que esta instancia siempre falla a favor de las multinacionales.
Pero el jurista argentino explicitó que es muy difícil definir quién gana y quién pierde un caso. “Uno podría llegar a afirmar a grosso modo que a los dos le va bien en aproximadamente la mitad de los casos. Lo que sí uno puede decir es que sin perjuicio de las buenas o las malas decisiones, estadísticamente hasta la fecha no hay motivos para pensar que el sistema hasta ahora beneficia a unos más que a otros”, detalló.
Eso sí, advirtió Suárez, " eso no significa que haya muchas decisiones contra Estados o algunas decisiones contra inversores que también puedan ser criticadas”.
Los expertos también recalcaron que este tipo de convenios no afecta la soberanía de los Estados, aunque Gabriel Bottini, de la Procuración del Tesoro de la Nación argentina, mostró una visión más crítica y enfatizó en que “el derecho internacional debe respetar los derechos esenciales”.
CIERRE. La clausura del evento -que superó las expectativas de los organizadores y fue alabado por los asistentes- se realizó ayer cerca de los 20 y estuvo a cargo de José Antonio Moreno Ruffinelli del Centro de Estudios de Derecho, Economía y Política (Cedep), entidad que organizó la conferencia regional.
ORIGEN DE LOS TRATADOS
De acuerdo a los expertos, la existencia de los tratados de protección de inversiones encuentra su origen en la necesidad de los países en desarrollo de atraer capitales para incrementar el crecimiento.
Sin embargo, el jurista venezolano Carlos Lepervanche sostuvo que eso no puede ser a cualquier precio, puesto que es necesario que la " inversión extranjera propenda al desarrollo sostenible del Estado receptor de la inversión, y se produzca una verdadera transferencia de tecnología para crear empleos y desarrollo de la economía”.
El argentino Ignacio Suárez indicó que no es mucho el impacto de un tratado en la decisión de invertir porque cuando alguien destina un capital lo hace por muchas razones, entre las que predominan las económico-estructurales. “Un inversor petrolero invierte donde hay petróleo, en este sentido Brasil va a seguir recibiendo inversiones porque es Brasil”, dijo, a propósito que el gigante sudamericano no ha ratificado la Convención CIADI.