04 may. 2025

Experto argentino duda de prueba balística de Fiscalía

30124045

Aliado. El ex diputado fallecido Lalo Gomes, junto a HC.

archivo

Luis Alberto Olavarría es un experto argentino en criminalística, quien cuestionó el levantamiento de muestras del cuerpo de Lalo Gomes y la tecnología utilizada para analizarlas. Para Olavarría, llama la atención los valores excesivos de residuos encontrados. De igual forma, considera que el informe de la Fiscalía no es concluyente para determinar si el diputado efectuó o no disparos antes de ser abatido por la Policía. Así señaló a Radio Monumental 1080 AM.

El argentino leyó el informe balístico de la Fiscalía sobre el caso de la muerte del diputado Eulalio Lalo Gomes y analizó específicamente los resultados de la espectrofotometría realizada por la Universidad Nacional de Asunción (UNA).

Primeramente, explicó que se deben tener en cuenta las tres fases en todo el proceso de trabajo, que son la preanalítica, que consiste en la toma de muestra; la analítica, que corresponde al procesamiento en laboratorio, y la posanalística, que es la parte de interpretación de los resultados. Se refirió a todas las etapas relacionadas al cuadro que presenta el informe con los valores de plomo, bario y antimonio encontrados en las muestras de hisopos que se levantaron de las manos y brazos del legislador, y manifestó que no es concluyente.

Decir que la persona disparó, no, porque estos valores no son indicativos de certezas de disparos, sino de estar cerca.

No es concluyente y el resultado negativo no es excluyente, el resultado negativo no quiere decir que no disparó. Luis A. Olavarría, experto.

Más contenido de esta sección
Los soldados estarán en localidades fronterizas con Bolivia, Paraguay y Brasil para control y vigilancia. En caso de flagrancia, tienen autorización para detener a personas en forma transitoria.
En el 2021, Sebastián Marset formó parte del Deportivo Capiatá y en varias prácticas llegó con un Lamborghini Hucarán del 2016. El vehículo fue recientemente subastado por G. 1.500 millones.
Se cuestiona desde el organismo que se encargaría de la implementación hasta la arbitrariedad con que se había aprobado en general. Hablan de barreras para el acceso a información pública.