A una década de su implementación, el expediente judicial electrónico se consolida como una de las innovaciones más importantes del Poder Judicial paraguayo. La herramienta transformó la gestión de los procesos, redujo la dependencia del papel y abrió nuevas posibilidades para acceder a los servicios de justicia, marcando un antes y un después en la modernización judicial.
El 10 de octubre se cumplen diez años de la puesta en vigencia del Expediente Judicial Electrónico en Paraguay. Lo que comenzó en 2016 como una experiencia inicial en un juzgado de Primera Instancia y un Tribunal de Apelación del fuero Civil y Comercial de Asunción se convirtió progresivamente en una herramienta fundamental para la transformación digital de la administración de justicia. La iniciativa representó un cambio de paradigma: pasar de los expedientes físicos, sujetos al traslado de documentos y a la gestión presencial, a un sistema que permite tramitar y consultar actuaciones judiciales por medios electrónicos.
El valor del expediente judicial electrónico va mucho más allá de sustituir las carpetas de papel por documentos digitales. Su principal aporte radica en las posibilidades que ofrece para acercar la justicia a las personas. El acceso remoto a las actuaciones, la reducción de desplazamientos, la simplificación de gestiones y la mayor disponibilidad de información contribuyen a disminuir barreras que tradicionalmente condicionaban la relación entre los ciudadanos y los tribunales.
La digitalización también representa una oportunidad para mejorar la eficiencia institucional, favorecer la transparencia y optimizar el tiempo de magistrados, funcionarios, abogados y demás operadores del sistema. En lugar de depender exclusivamente de circuitos físicos y trámites presenciales, la gestión electrónica permite avanzar hacia procedimientos más ágiles y adaptados a las necesidades de una sociedad cada vez más conectada.
La evolución de esta herramienta exige, al mismo tiempo, capacitación permanente y una evaluación constante de su funcionamiento. En esa línea, las actividades académicas desarrolladas en 2026 sobre el expediente electrónico y el trámite del proceso ordinario reflejan la importancia de que los profesionales y estudiantes de Derecho comprendan tanto las reglas procesales como las herramientas tecnológicas con las que hoy deben desenvolverse. La modernización judicial no consiste únicamente en incorporar tecnología, sino también en preparar a quienes deben utilizarla para brindar un servicio de calidad.
En este aniversario merece un reconocimiento especial el doctor Alberto Martínez Simón, ministro de la Corte Suprema de Justicia y actual presidente de la máxima instancia judicial, cuyo compromiso con la implementación y expansión del expediente judicial electrónico ha sido determinante desde las etapas iniciales del proyecto.
Su acompañamiento sostenido a esta transformación tecnológica, así como su responsabilidad institucional en la implementación de la herramienta, forman parte de una trayectoria orientada a modernizar la gestión judicial y fortalecer el acceso a los servicios de Justicia. Reconocer ese impulso es también valorar la visión de quienes comprendieron que la tecnología debía convertirse en un instrumento al servicio de las personas y del mejor funcionamiento de las instituciones.
La transformación tecnológica impulsada por el expediente judicial electrónico se inscribe, además, en un contexto más amplio de innovación jurídica. En ese escenario se sitúa el lanzamiento de Dr. IA, una plataforma de inteligencia artificial de iniciativa paraguaya y enfoque jurídico netamente nacional, concebida específicamente para trabajar con la legislación del país y facilitar las consultas relacionadas con el derecho paraguayo.
La aparición de herramientas de esta naturaleza evidencia las nuevas posibilidades que abre la incorporación de tecnología al ámbito jurídico. Así como el expediente electrónico modificó la manera de gestionar los procesos judiciales, la inteligencia artificial comienza a ofrecer nuevas alternativas para consultar información normativa, analizar documentos y asistir en tareas profesionales. Su utilización responsable exige, en todo caso, verificación de la información, criterio jurídico y supervisión humana.
Diez años después de su puesta en funcionamiento, el expediente judicial electrónico constituye mucho más que una innovación informática: representa un paso concreto hacia una Justicia más accesible, moderna y eficiente. El desafío de la próxima década será profundizar sus avances, superar las limitaciones pendientes y garantizar que cada mejora tecnológica se traduzca en un beneficio real para quienes acuden al sistema judicial en busca de respuestas.
La tecnología, por sí sola, no garantiza una mejor justicia. Pero cuando se incorpora con visión institucional y vocación de servicio, puede convertirse en una herramienta decisiva para acercarla a la ciudadanía.
