Sin embargo, tanto el propio presidente Santiago Peña como la aplanadora mayoría cartista en el Congreso dieron señales contradictorias y terminaron matando varios proyectos de ley que impulsaban mayor transparencia en los entes del Estado.
El cartismo impulsa el proyecto de ley “Que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro”, pero cuando se trata de mirar hacia adentro, la respuesta es apagar la luz.
Prueba de ello es el veto total y posterior aceptación de este veto en el Congreso, de la ley que buscaba romper la chicana jurídica de un total de 152 entes públicos que no son auditados por la Contraloría General de la República (CGR).
Silenciosamente, en los últimos días de diciembre del año pasado, Peña vetó el proyecto que eliminaba la facultad del Tribunal de Cuentas de recibir los informes de gastos de las instituciones, instancia que lograron más de un centenar entes, presentando acciones de inconstitucionalidad para evadir la fiscalización de la Contraloría.
Puerta giratoria. El mismo mes que Peña vetó la ley antipuenteo a la CGR, la mayoría cartista del Senado también logró mutilar la Ley de Conflictos de Intereses, conocida como “De puerta giratoria”, en el sentido de las autoridades de entes públicos que se pasan al sector privado y viceversa.
Los cartistas aceptaron las modificaciones realizadas al proyecto de ley inicial y eliminaron artículos que establecían el régimen de prevención, corrección y sanción de conflictos de intereses.
Información. Por otro lado, en mayo de este año, Peña también vetó el proyecto de ley que mejoraba dos artículos de la “Ley de Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental”.
El argumento, en ese entonces, fue que supuestamente uno de los incisos del artículo 10 de la ley era inconstitucional porque violaba el derecho a la intimidad y colisionaba con el secreto estadístico del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Impuesto al tabaco. Otro punto que terminó jugando a favor de los intereses particulares del cartismo y en contra de la ciudadanía, fue el rechazo al proyecto de ley que buscaba un aumento del impuesto al tabaco, que es el más bajo de la región, con el propósito de utilizar lo recaudado en los enfermos de cáncer.
El mes pasado, la Cámara de Diputados rechazó el proyecto que pretendía elevar en un 2% el impuesto selectivo al consumo de tabaco, con el objetivo de destinarlo al Ministerio de Salud para la compra de medicamentos oncológicos, en el marco del desfinanciamiento causado por el programa Hambre Cero del presidente Santiago Peña.
La propuesta era elevar el impuesto actual del 22% al 24%, lo que representa apenas de USD 4 millones de los USD 12 millones que se necesitan para calzar el despojo que sufrió el programa de atención integral para pacientes con cáncer.
El presidente Santiago Peña manifestó su respaldo a la decisión de Diputados de rechazar el proyecto de ley que aumenta el impuesto al tabaco para financiar medicamentos oncológicos.
“Si nos ponemos a pensar en productos que dañan la salud, podemos pensar en muchos otros”, dijo.
