La convocatoria es para el martes 25 de agosto, a las 09:00, encabezada por la Coordinadora Nacional de Asegurados Activos y Jubilados del IPS, quienes llaman a los aportantes a exigir que el caso no quede en el oparei. La protesta se llevará a cabo frente a la sede de la Fiscalía, sita sobre Ygatimí y Jejuí.
En la protesta se exigirá “castigo a los responsables”, exhortando a que “devuelvan lo robado”, manifestaron desde el gremio.
Exigirán también la ampliación de la imputación a los miembros del Consejo de Administración del IPS, atendiendo a los dichos del fiscal Julio Ortiz, quien ya descartó imputación a los consejeros, porque no tendrían “responsabilidad” en proteger el patrimonio del instituto.
La decisión de hacer la medida de fuerza se había tomado semanas atrás, porque aseguran que “la corrupción está matando la previsional” y que la impunidad sigue reinando, lo que afecta a miles de aportantes.
Piden que no haya injerencia política
“El objetivo principal es exigir al fiscal general del Estado que las investigaciones sobre hechos de corrupción dentro del IPS sean desarrolladas sin ningún tipo de padrinazgos o injerencias políticas”, explicó la Coordinadora en un comunicado.
Además, resaltaron que la corrupción institucional está robando miles de millones de guaraníes que podrían haberse destinado a la compra de medicamentos o insumos para contratar más profesionales. “La motivación es la no impunidad en los casos ya denunciados por la Contraloría”, señaló Pedro Halley, ex gerente de Prestaciones Económicas del seguro social del IPS.
Asimismo denunció que la corrupción alcanzó su punto máximo con Vicente Bataglia y Jorge Brítez como presidentes del Instituto de Previsión Social. Cuestionó que Brítez fue sostenido por mucho tiempo por el presidente Santiago Peña, pese a las críticas y pedidos de remoción del ex titular del IPS, porque estaba “desfondando la institución y no hizo caso”, reveló Halley.
“Hay mucha responsabilidad del Estado por la situación deficitaria del sistema de salud”, lamentó.
La atención a aportantes. Otra motivación de la manifestación es la preocupación por la situación del seguro de salud de la previsional.
“Creemos que la propuesta que dice Carlos Pereira de una reestructuración es suficiente por un tiempo, pero sigue siendo un parche en el problema del seguro de salud”, detalló el ex gerente.
En ese sentido, lo que exigen es una mesa conjunta entre asegurados, jubilados, legisladores y técnicos del IPS, “o si no, esto va a repetirse”, advierte Halley.
Antecedentes del caso
Una de las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía es respecto a la licitación del 2019 en la que la empresa Neighpart Saeca fue adjudicada para la provisión de equipos para la instalación de quirófanos modulares en el séptimo piso del Hospital Central por un contrato con el IPS cuyo monto asciende a G. 53.000 millones.
El contrato generó denuncias, sumarios y reportes negativos por parte de Contrataciones Públicas y Auditoría Interna, pero pese a ello se desembolsaron millonarios pagos.
En la causa, están imputados los ex titulares Vicente Bataglia y Jorge Magno Brítez, así como los ex funcionarios Hugo Aranda y Jaime Caballero. También José Coronel y Verónica Blanco, Juan Villar, Marcelo Bordón y Rosa Colmán.
