Según adelantó el viceministro de Minas y Energía, Mauricio Bejarano, se tiene “un repensar pleno” sobre la relación entre energía y desarrollo. En este contexto, el ciclo de contratos enfocados en empresas criptomineras y electrointensivas llegará a su fin para dar paso a la industrialización nacional.
Durante su participación en el programa Letras Chicas, Bejarano confirmó que la medida más tangible de este cambio de paradigma es la derogación de los decretos dirigidos a las industrias electrointensivas.
Si bien el viceministro reconoció que la criptominería fue una tesis válida en su momento y favoreció económicamente a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) al pagar una tarifa diferenciada en dólares y a un precio superior, aclaró que la entrega de energía bajo esos términos terminará.
El titular del Viceministerio explicó que, con el fin de este esquema, se liberarán importantes volúmenes de energía —estimados en alrededor de 1,3 gigavatios de potencia— que van a ser direccionados y utilizados para el crecimiento de nuestro país.
La visión actual de las autoridades apunta a que la electricidad deje de ser tratada simplemente como una mercancía de facturación rápida. La directriz del Gobierno es que los megavatios ya no se vean “como una mercadería”, sino que se atienda “al factor de desarrollo e industrialización de nuestro país”.
A partir de que venza el decreto que establece las tarifas para las electrointensivas (2027), el Gobierno cambiará el modelo de asignación. Bejarano adelantó que se analizarán los requerimientos energéticos “caso por caso”; se destinarán ciertas franjas de energía específicamente a la industria y se garantizará la energía necesaria para acompañar el crecimiento vegetativo de la demanda nacional.
El desafío de los USD 20.000 millones. Estas declaraciones se enmarcan en la preocupación del Gobierno ante un crecimiento exponencial del consumo eléctrico en los últimos tres años, lo que obliga a diversificar de urgencia la matriz de generación.
Según el Plan Maestro de la ANDE, para atender las exigencias y demandas eléctricas de los próximos 10 años, Paraguay necesita una gigantesca inversión estimada en USD 20.000 millones (desglosados en USD 15.000 millones para generación, USD 3.300 millones en transmisión y USD 1.700 millones en distribución).
Dado que el Estado paraguayo no puede dar respuesta a este enorme volumen de capital por sí solo, el “cambio de paradigma” implica adecuar el marco normativo para dar cabida a la banca y a la inversión privada internacional, garantizando una seguridad jurídica sólida.
situación de la ANDE. Ante las dudas y resistencia generadas en algunos sectores, Bejarano fue enfático al desmentir cualquier intención de privatizar la empresa estatal. “Nadie pretende privatizar la ANDE, todo lo contrario”, aseveró.
El objetivo real es fortalecerla institucional y financieramente, apostando por un sinceramiento de los costos. Se busca implementar una “tarifa técnica” transparente que cubra adecuadamente los costos de generación, transmisión, distribución y comercialización, erradicando para siempre la figura de la “tarifa política”.
- 350 millones de dólares espera recaudar la ANDE este año con la venta de energía a electrointensivas.
- 30 por ciento de la recaudación de la ANDE se genera mediante acuerdos con electrointensivas.
