El tema vino a raíz de la cantidad de escribanos que rindieron en el concurso público de oposición de notarios y no alcanzaron el puntaje mínimo requerido para acceder a un registro notarial.
Justamente fue eso lo criticado primero por el ministro César Garay, cuyos comentarios fueron sobre que las preguntas que se hicieron eran cuestiones básicas del Código Civil.
A esto se sumó la ministra Gladys Bareiro que habló sobre los estudiantes de Notariado que no ingresaban a las clases. Se sumó el ministro Eugenio Jiménez, quien recordó que cuando era decano de una universidad, los estudiantes pedían cátedras paralelas cuando los profesores eran un poco exigentes en sus materias. Citó algunos ejemplos de cuestiones equivocadas planteadas por los abogados, como errar de fueros, y otros “horrores”.
El ministro Martínez Simón contó su experiencia en un viaje a Corea, donde se expedían, previo examen, 1.500 matrículas para abogados, de 40.000 postulantes anuales. Recordó que la magistrada que era guía, quien tenía varios estudios posuniversitarios, comentó que fue número uno del examen cuando solo se concedían 300 registros.
Incluso, fue más allá, al señalar que si se imponían este tipo de exámenes para expedir matrículas en forma limitada, podría tener un efecto en las universidades, acerca de la calidad de la educación que impartían. También habló de su experiencia como juez, donde dijo que prefería mil veces que los litigantes sean grandes abogados porque ellos entendían realmente el caso.
Se aclaró luego que fueron solo ideas lanzadas, ya que para hacer que las matrículas de abogados se expidan previo examen, deberá haber un cambio en la ley, y sin retroactividad para los que actualmente ejercen el Derecho.
Estas ideas lanzadas por los ministros, en plena sesión transmitida por televisión, no cayeron muy bien a los abogados. No me refiero a que no estén de acuerdo con que haya examen, sino desde el punto de vista de que sea la propia Corte la que tome los exámenes, ya que tenían bastantes reparos sobre las pruebas dadas a los escribanos.
La idea de algunos, principalmente desde el Colegio de Abogados, es tener la colegiatura obligatoria, donde sean ellos mismos los que depuren la profesión. Indican que la propia oferta y la demanda hacen que un mal abogado, difícilmente tenga muchos clientes, al contrario de los buenos.
La cuestión está también en la poca autocrítica de los ministros. Es que de entre los abogados es que se escogen jueces, fiscales, defensores públicos, por lo que, si los abogados son mediocres o están mal preparados, también lo están los magistrados, fiscales y defensores. Claro que una vez ingresados a la función pública, tienen la posibilidad de que sea el Estado el que les pague la capacitación, hecho que, salvo algunos abogados, pocos tienen posibilidad de acceder.
Pero la cuestión es más profunda. La poca preparación viene de las escuelas y colegios, de la sociedad en general. Las universidades reciben este producto y poco se puede hacer con eso, salvo contadas excepciones. Lo que se debería hacer es atacar de raíz estos problemas. Claro está que la Corte no tiene responsabilidad en la educación, pero la poca preparación de los abogados tampoco es culpa de ellos. Es toda la base educativa.
Por eso, en caso de imponerse estos exámenes, debería ser tras un cambio de la educación en general, y sin limitar la cantidad de matrículas, sino con la sola condición de pasar el examen, ya que de lo contrario se atentaría contra el derecho al trabajo.
