El ex ministro de la Niñez y la Adolescencia, José Orué, utilizó su cuenta de Twitter para decir que fue condenado a cuatro años de cárcel por no evitar que ocurriera una estafa en la institución pública.
En su descargo, Orué señala ocho puntos sobre el caso en que fue acusado por lesión de confianza en el Programa Un vaso de leche, donde se dio un desvío de G 3.642.442.072, según la Fiscalía.
“No hubo daño patrimonial, pero el fiscal Rodrigo Estigarribia lo califica de grave, no existió daño patrimonial, por ende en el juicio la Fiscalía no pudo demostrar el daño”, expresó el ex ministro, quien sostiene que su vida “es un apostolado a favor de los derechos de los niños y adolescentes”.
El condenado refirió tener una vida austera, sin lujos, dijo que no tiene casa propia ni auto y se moviliza en el colectivo. Afirmó que algunas veces utiliza el vehículo de su madre.
“¿Por qué digo que no hubo daño patrimonial? Según la Fiscalía el daño se dio primero porque en vez de adquirir el 100% de los productos adquirimos solo el 75%, lo cual es cierto, pero porque nuestro presupuesto disminuyó, en cifras redondas el presupuesto de la entonces SNNA era de G. 29.000 millones, según el Presupuesto General de la Nación”, explicó.
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Continuó: “Sin embargo, hay que entender que al presupuesto otorgado por el Congreso, Hacienda le pone un tope, y así nos ordenó a no gastar más de G. 26.000 millones de ese presupuesto, por lo que nos vimos en la obligación de ajustar a la disponibilidad presupuestaria y reducir los bienes y servicios a adquirir, esa diferencia entre 29 y 26 es lo que el fiscal dice que es un perjuicio de más de G. 3.000 millones”.
Respecto a la sobrefacturación del costo, argumentó que la oferta no superó el 20% del precio referencial, permitido por ley, y que esto se demostró en juicio. Aseguró que los precios referenciales fueron altos para la Fiscalía porque esta se limitó a comparar los precios de la licitación sin tener en consideración que no se compró solo el producto, sino productos y servicios de camiones refrigerados para realizar las entregas en todo el país.
Agregó que en la ley no estipula cómo se deben fijar los precios, por lo que es común hacer “uso de la costumbre, derecho consuetudinario, permitido cuando la ley no establece un mecanismo, de hecho la UOC tomó como precio referencial los precios de la licitación anterior hecha por la administración anterior, como es práctica habitual”.
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Sobre la mala entrega, productos en mal estado, indicó que esto forma parte de la ejecución del contrato, y que en ese entonces ya no era ministro, y en todo caso la nueva administración debió ejecutar la póliza.
“Sin embargo, muy por el contrario, emitieron un certificado de fiel cumplimiento del contrato, de cualquier manera esa es una responsabilidad de la empresa y no mía, por lo que a la propietaria se la acusó de estafa y ese daño fue reparado por la empresa y por eso fue excluida del proceso”, señaló.
Finalizó diciendo que lo más grave, además de que supuestamente se “amañaron las pericias contables, es que en juicio se demostró que dos de las testigos de la Fiscalía ofrecieron falso testimonios y mentiras”, puntualizó.
