Hace casi cinco años sigue pendiente en la Corte una acción de inconstitucionalidad presentada por la ex jueza de Sentencia, Mónica Rivas, quien en el 2018 fue destituida por Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), luego de absolver a dos ciudadanos peruanos acusados por narcotráfico, debido a que el informe de la Senad decía que la supuesta carga de cocaína en realidad contenía harina.
El Tribunal de Sentencia de Ciudad del Este estaba integrado por las juezas Haydée Barbosa, Carmen Barrios y Rivas. Ellas anularon dos pruebas porque adujeron que la cadena de custodia se rompió y se alteró la evidencia, ya que lo que apareció fue harina.
“El análisis de la cocaína dio negativo, por eso absolvimos, en ese entonces, un medio publicó que nosotros adulteramos el análisis de la Senad, cosa imposible. Entonces de oficio nos enjuiciaron... Presentamos las pruebas, porque los análisis que llegan al Tribunal vienen confirmados de la etapa preparatoria”, explicó Rivas a ÚH.
Y justamente ese fue su pecado –comentó la ex magistrada–, el de haber absuelto a dos procesados por droga, siendo que el error no habría sido de ellas.
“La auditoría de la Corte dijo que no incurrimos en mal desempeño de funciones. Se analizó lo que se hizo en el procedimiento de esa audiencia oral (juicio)”, detalló.
Recordó que en esa época, el JEM estaba presidido por el ex senador colorado fallecido Óscar González Daher, quien –según la ex jueza– les pidió USD 10.000 a cada magistrada del caso para no destituirles.
“Yo me negué a pagar, porque no corresponde y no me parece correcto. Lastimosamente me hicieron salir por esa puerta que nadie quiere salir. Yo presenté todas las pruebas, no tenía antecedentes de ninguna laya”, remarcó.
El haber sido destituida le afectó económica y profesionalmente, ya que le impidió hasta enseñar en las facultades. “Estoy trabajando en la profesión, encontrándome con la gente que yo condené por los pasillos”, afirmó.
ACCIÓN. Un día después de haber sido removida, Rivas presentó la acción de inconstitucionalidad y ya urgió más de 30 veces a la Corte, pero hasta ahora todavía no pasó ni a admisibilidad. “Cinco años va a ser en setiembre y estoy muriendo casi todos los meses. Son cinco años de relevo, de ir y venir a Asunción, de presentar las pruebas, de andar detrás de cada gestión de lo que implica la acción y hasta ahora, son 5 años sin respuesta”, lamentó.
