La causa del Metrobús se abrió en mayo de 2018 en el Ministerio Público, tras la denuncia del ingeniero Hermann Pankow, por presuntas irregularidades en la planificación y ejecución del proyecto, que luego se amplió con los informes que remitió la Contraloría General de la República.
A casi cinco años del caso, la investigación sigue parada, sin avances ni imputados.
Jorge Rolón Luna presentó en la mañana de este miércoles ante la Fiscalía General del Estado una denuncia contra los fiscales que llevaron desde el inicio la causa del Metrobús, que son Natalia Silva, Alcides Corbalán, Esmilda Álvarez y María Estefanía González.
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En el documento arrimado, además, se solicita investigar las actuaciones de la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, y de la fiscala adjunta de Delitos Económicos, Soledad Machuca. También pide la comunicación respectiva al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
“Este es un problema que tiene que ver con el patrimonio del Estado y, por el otro, tiene un impacto social. Hay decenas de locales (frentistas) que hasta ahora están desalquilados”, subrayó el candidato a diputado a NPY.
La denuncia resalta que la causa iniciada en 2018 está próxima a prescribir y que hay buenas expectativas hacia la asunción de Emiliano Rolón, quien jurará como próximo fiscal general del Estado este jueves, en reemplazo de Sandra Quiñónez, cuyo mandato ha fenecido.
El senador del Frente Guasu Jorge Querey planteó la semana pasada que, si prescribe el caso Metrobús, deben ser denunciados ante el JEM tanto la fiscala que lleva el caso como los agentes que tuvieron la causa a su cargo a lo largo de los cinco años de investigación.
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Años pasados, también se sumó con una denuncia el senador liberal Enrique Salyn Buzarquis.
Entre los denunciados está el ex ministro de Obras Públicas del gobierno de Horacio Cartes, Ramón Jiménez Gaona; la ex viceministra de Finanzas del Ministerio de Obras Públicas, Marta Benítez; el ex viceministro de Obras, Juan Manuel Cano, y el ex representante del BID, Eduardo Almeida.
El caso nunca fue derivado a la Unidad Especializada de Delitos Económicos de la Fiscalía, pese a que se trató de una denuncia compleja. Hasta ahora permanece en una unidad barrial.
