El juez de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, concedió las medidas alternativas a la prisión preventiva al encausado.
Los fiscales Jorge Arce, Silvio Corbeta y Marlene González le habían imputado el pasado 3 de setiembre del 2024 por los presuntos hechos de lesión de confianza y asociación criminal.
El encausado, quien se desempeñaba como director de Administración y Finanzas de la Comuna, se presentó junto con su abogado para la audiencia de imposición de medidas.
Su defensor sostuvo que ya tenía medidas en la otra causa por enriquecimiento ilícito, donde están embargados sus bienes por lo que no podría cumplir con otra caución.
Además, adjuntó un certificado de vida y residencia, facturas de servicios públicos, entre otras cosas, por lo que solicitó que se aplicaran las medidas menos gravosas.
RESOLUCIÓN. El juez de Delitos Económicos entendió que no existía peligro de fuga ni de obstrucción de las investigaciones, por lo que concedió las medidas alternativas al procesado.
Con ello, le dio como condiciones, la obligación de presentarse de manera trimestral ante el juzgado para firmar el libro de comparecencia obligatoria. Además, el imputado deberá comunicar al magistrado en caso de salida y entrada del país.
Estigarribia no le aplicó fianza juratoria, real o personal al encausado. Tuvo en cuenta que el mismo ya tiene medidas cautelares en la otra causa por enriquecimiento ilícito.
MÁS PLAZO. En el caso, los fiscales tienen seis meses más para investigar, teniendo en cuenta que el Tribunal de Apelación le concedió la prórroga extraordinaria.
De esta manera, el requerimiento conclusivo debe ser presentado el próximo 3 de setiembre, por parte de los representantes del Ministerio Público.
En el mes de octubre del 2021, la Comuna dio a conocer los documentos de los gastos que se realizaron durante la pandemia. Ahí, se pudieron ver que hubo elevadas compras de productos como toallitas desinfectantes.
La investigación inició ese mismo mes tras una denuncia hecha por los entonces diputados Kattya González, Celeste Amarilla y Sebastián García; a más de los ediles Sandra Benítez, Elvio Segovia, Álvaro Grau y Rodrigo Buongermini, y los abogados Rosa Martínez de Vacchetta y Eduardo Nakayama, contra la administración municipal.
Tras la pesquisa, fueron imputados 22 personas, entre ellas, el intendente de Asunción, Óscar Nenecho Rodríguez, y el ex director de Administración y Finanzas, Wilfrido Cáceres.
En el caso, se habla de un presunto daño patrimonial de casi G. 2 mil millones por las supuestas compras que realizaron para el Municipio.
