Carlos Riveros, embajador en México durante el Gobierno de Fernando Lugo (2008-2012), dijo este jueves que la petición fue presentada en una carta remitida este miércoles a la CIDH, órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Riveros afirmó que solicitaron “la intervención inmediata in situ” de la CIDH “a los efectos de que se cercioren de los hechos que están ocurriendo” y que consideran “de suma gravedad”.
El correlato recuerda que un fiscal dedicado a lucha contra el contrabando imputó el pasado 1 de junio al líder del PLRA, Efraín Alegre, y a otros dos dirigentes por “producción de documentos no auténticos y uso de documento público de contenido falso que se habrían registrado en la campaña electoral de 2018".
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En esas elecciones, Alegre se enfrentó en las urnas al actual jefe de Estado, Mario Abdo Benítez, del Partido Colorado.
La imputación se realizó “dos años después de haber culminado ese proceso electoral y luego de que el órgano supervisor haya aprobado la presentación de cuentas sin objeciones”, refirió la carta enviada a la CIDH.
En el documento se agregó que Alegre “por disposición legal nunca fue administrador de campaña”.
Asimismo, en la misiva se señaló que el pasado 18 de agosto, y tras una breve e intensa campaña mediática, otro fiscal imputó a varios jóvenes de la rama juvenil del PLRA, entre ellos el hijo de Alegre, por “frustración y ejecución penal”.
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Este último caso alude a la investigación de la muerte del militante liberal Rodrigo Quintana por el disparo de un policía en la sede del partido, la noche del 31 de marzo de en 2017 tras la quema del Congreso.
En ese entonces, Horacio Cartes, a quien Alegre señala como el responsable de la “mafia” que controla órganos del Estado, era el gobernante (2013-2018) y los incidentes se produjeron en medio de protestas contra una enmienda para habilitar la reelección presidencial, prohibida por la Constitución.
Hasta el momento, el único acusado por la muerte de Quintana, de 25 años entonces, es el policía Gustavo Florentín.
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En la carta firmada por los ex diplomáticos, entre ellos el ex canciller Miguel Abdón Saguier y los ex embajadores Carlos Ramírez Montalbetti y Luis Fretes, acusaron al Ministerio Público de cometer “un abuso al castigar a los jóvenes sobrevivientes de la acción criminal de la Policía tres años después del violento asalto a la sede del PLRA”.
Y concluye que la “acelerada imputación” de Alegre y los activistas juveniles supone “la arbitraria manipulación de las instituciones con el claro propósito de amedrentar a quienes no concuerdan con las políticas y prácticas del actual gobierno”.
