San Expedito Consultora se llama la firma que oferta en licitaciones, la mayoría para obras de construcción. Sus clientes son municipios.
Rolando Amarilla Servián, ex auditor de la Contraloría, estuvo involucrado años atrás en un escandaloso caso de coima, es el propietario de la empresa que en el portal de la Dirección de Contrataciones Públicas registra como dirección la ciudad de Itauguá.
Figura como proveedor en las categorías de útiles de oficina, productos de papel, cartón e impresos; productos alimenticios; materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, plásticos, cauchos, repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas. Pero es adjudicado para realizar obras de construcción, de acuerdo con el historial de licitaciones adjudicadas que se puede observar en el portal de Contrataciones.
Sus principales clientes son los municipios de Itauguá y Villeta, según lo que se pudo apreciar.
Con la Comuna de Itauguá, la firma San Expedito Consultora tiene contratos desde el año 2017. La sumatoria de montos de las distintas licitaciones adjudicadas a este proveedor durante la administración del ex intendente liberal Miguel Ángel Meza Acosta arroja como resultado más de G. 4.500 millones.
Ambas comunas adjudicaron a la firma del ex auditor, casi siempre en uso del procedimiento de contratación directa.
Con la administración del otra vez electo intendente de Villeta, Teodosio Gómez Ibáñez, San Expedito Consultora tiene contratos desde el año 2015 que suman más de G. 6.500 millones.
LA COIMA
En un trabajo encubierto realizado por Última Hora y Telefuturo, con apoyo de la Fiscalía, cayó Rolando Amarilla Servián.
Fue el 20 de mayo del año 2011 cuando su nombre ganó estado público. Había sido detenido y esposado frente a cámaras, tras cobrar una coima de G. 60 millones, en un operativo que estuvo encabezado por el entonces fiscal y ahora ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio.
El ahora proveedor del Estado se desempeñaba entonces como auditor de la Contraloría General de la República.
La coima fue solicitada por el funcionario a la entonces directora del ex Inpro (actualmente Senadis), Luz Bella González, para supuestamente blanquearla en una auditoría a su gestión. Según los antecedentes del caso, estuvo imputado por extorsión y cohecho pasivo agravado. Como en su declaración ante el Ministerio Público involucró a sus jefes y otros funcionarios, consiguió una medida leve, la prisión domiciliaria.
MUNICIPIOS BAJO LA LUPA.
Estas dos municipalidades se encuentran en una lista de instituciones que declararon compras con facturas falsas, divulgada por la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) en octubre del año pasado.
La Contraloría había ordenado la fiscalización especial inmediata (FEI) de las distintas instituciones involucradas. Pero, llamativamente, la auditoría a Villeta muestra un retraso importante.
Por nota N° 6380 de fecha 25 de octubre, se comunicó a la Comuna sobre el inicio de la FEI. “Por una cuestión de que el equipo auditor tenía otras actividades no pudimos avanzar mucho (...)”, manifestó Derlis Riquelme, funcionario de la Contraloría, quien supervisa este trabajo.
La FEI a Villeta se encargó a la Dirección General de Control de Rendición de Cuentas y de Viáticos, que tiene como director a Emilio Ferreira, del entorno cercano del senador Blas Llano, quien acompañó la candidatura del liberal Teodosio Gómez.
ÚH quiso conversar con Ferreira, pero este nos derivó con el supervisor del trabajo de FEI. “A partir del inicio tenemos 60 días según el proceso operativo de dar por cerrado el informe final”, indicó Riquelme.
4.500
millones de guaraníes suman los montos adjudicados desde 2017 a San Expedito por el Municipio de Itauguá.
6.500
millones de guaraníes es el monto aproximado que adjudicó la Comuna de Villeta a la firma del ex auditor.
60
millones de guaraníes fue el monto solicitado como coima por el ex auditor de la CGR Rolando Amarilla Servián.
