Editorial

Evitar que el crimen organizado y narcopolítica controlen el país

En semanas previas a las elecciones municipales la realidad política del país se vio sacudida por varios sucesos. Uno de ellos se relaciona con las denuncias del director de Aduanas, Julio Fernández, contra el senador colorado Martín Arévalo, entre ellas de que el parlamentario tiene vínculos con el crimen organizado, a través de un mecanismo que opera de la mano de padrinos políticos. Para investigar el caso y poder castigar a los que resulten culpables poco es lo que se ha avanzado desde entonces. Por otro lado, se encuentra la ola de violencia en la semana previa a las elecciones, la que sacudió el país con el asesinato de tres candidatos a concejales, atentados y amenazas contra otros postulantes y varios casos de sicariato. El Paraguay debe impedir a toda costa que el crimen organizado y la narcopolítica se hagan con el control del país. Ese es un camino que no tiene retorno.

Nuestra democracia, recuperada hace ya 32 años, tras décadas de oprobiosa dictadura, se enfrenta actualmente a uno de sus más importantes desafíos. El Estado paraguayo está bajo ataque, el del crimen organizado y la narcopolítica. Si no hacemos lo necesario para evitarlo nos encaminamos inevitablemente hacia el modelo del narco-Estado o un Estado fallido.

Otros países latinoamericanos ya lo han vivido, y por ellos sabemos que revertirlo resultará muy complicado. Si no se evita, habrá más violencia y muertes, y la prácticamente total anulación de la institucionalidad del Estado.

En Ecuador, país en el cual el aumento de la violencia de los narcotraficantes llevó a su Gobierno a declarar el estado de excepción y a poner a militares en las calles. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, quien asumió en mayo pasado, decretó el estado de excepción por 60 días ante una "grave conmoción interna", por los altos índices de violencia por efecto del narcotráfico.

Ecuador está ubicado entre Colombia y Perú –países que son los principales productores mundiales de cocaína-, y es utilizado como bodega, y para el tránsito de drogas. Situación bastante similar a la que atraviesa Paraguay, con una escalada de violencia protagonizada por grupos de narcotraficantes que operan en la frontera con Brasil, y que ya extienden sus tentáculos.

La violencia criminal que caracterizó las últimas semanas previas a las elecciones no es sin embargo una anomalía, teniendo en cuenta que los numerosos episodios se han dado con frecuencia en los últimos años. Lo que sí es imperativo reconocer son las alevosas evidencias de las vinculaciones del crimen organizado y el universo narco con la política. Son estos tentáculos los que ponen en riesgo a nuestra democracia.

En agosto de este año, tras el asesinato del ex diputado suplente del Partido Colorado por Amambay, Carlos Rubén Sánchez, alias Chicharõ, salió a relucir el débil trabajo investigativo de la Fiscalía y de la Justicia para perseguir a políticos que han sido acusados por la Secretaría Nacional Antidrogas, Senad, de estar vinculados al narcotráfico.

Chicharõ estuvo preso por lavado de dinero, pero prontamente fue liberado por un juez y pudo seguir manejando sus oscuros negocios, hasta que fue acribillado. Pero mucho antes, muchos otros nombres fueron expuestos en una sesión del Congreso, en el año 2014; varios de ellos siguen activando en política, ocupando cargos públicos y figurando en las listas de candidatos. Es ese el vínculo que, de seguir fortalecido y sin ser investigado y atacado por nuestras instituciones, el que nos llevará irremediablemente hacia un Estado fallido.

Ese sería un modelo de Estado en el que el crimen organizado y el universo narco queden impunes por sus actos violentos, y estos se extiendan por todo el país, gracias a la complicidad de las instituciones infestadas por el poder de estos criminales.

Ese sombrío futuro para el Paraguay se podrá combatir solamente con una lucha decidida en contra del crimen organizado, pero sobre todo acabando con la impunidad que les otorgan sus lazos con la política y las instituciones del Estado.

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