Liz Analía Acosta
@lizanaliapy
El defensor general Javier Esquivel explicó los desafíos que hoy enfrenta la Defensoría Pública y del proyecto lanzado ante la necesidad de una política pública en el tema de reinserción social. Además, dio detalles de las principales preocupaciones en el tema de la mafia de los pagarés.
–Con relación al Registro de Créditos, tras los casos de mafia de los pagarés, ¿cuál es el objetivo?
–Lo que se pretende es una trazabilidad. La trazabilidad significa que vos sepas si yo debo dónde y eso pueda tener un registro, y vos sepas si ese documento de crédito ya se ejecutó. Eso va a significar también que se formalice. Porque si yo soy usurero, algún impuesto tengo que estar pagando también. Hoy no, hoy es libre todo y se comercian también los documentos, que es muy común.
Anteriormente, había como la estampilla y se sellaba. No sé si va a ser el mismo, pero va a haber un registro, un número.
Yo formo parte de una asociación y esta me permite el préstamo. La asociación quita el préstamo de un banco, la asociación me descuenta todo mi préstamo y a la larga se vende el pagaré. Y el banco te ejecuta.
Como juez no analizo la causa de la obligación, solamente veo que el pagaré no esté vencido, sea monto líquido exigible, esté nominado y que tenga la firma y ejecute. Eso significó hoy un problema serio.
Acá lo que se discute mucho es ese tema de las notificaciones, en el que se hicieron al mismo tiempo en distintos lugares. La unipresencia solamente tiene Dios, que puede estar en varios lugares al mismo tiempo. Si el proceso fuera regular, no hay problema; pero la irregularidad, o sea, si no notifiqué bien, esa irregularidad no puede generar derechos.
Acá hay tres tipos de cosas: Notificaciones que no se han realizado, y se están ejecutando; pagarés que se ejecutan dos veces y otra casuística es expedientes que no aparecen. Ante esas tres situaciones estamos trabajando.
–Cambiando de tema. ¿Cómo está trabajando hoy la Defensoría Pública?
–Ante distintos temas se acercan muchos por asesoramiento, para saber qué hacer. Hoy estamos trabajando y te digo con absoluta sinceridad, nosotros recibimos esta institución con una debilidad; a mí me cuesta mucho asignar un defensor. Tengo un sistema operativo que hoy lo estamos tratando de desarrollar para que yo pueda asignar a alguien.
Y también estamos haciendo una transformación. Nos damos cuenta que tenemos que generar también recursos para dotar de equipo, de tecnología, de medios para estar a la altura de una defensa eficiente. Nosotros hoy hablamos del expediente judicial electrónico. Nosotros, al llegar a la Defensa Pública, teníamos internet ADSL (Línea de Abonado Digital Asimétrica), la misma cosa que vos tengas un teléfono a disco hoy.
Estamos pasando de ADSL a fibra óptica. Y ya adjudicamos cincuenta y cuatro sedes. En ese tipo de cosas estamos para que también podamos estar a la altura de una defensa con un entorno digital acorde.
Acá, en cinco años no se ha comprado un equipo informático. Nosotros compramos doscientos, pero nos faltan cien. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a estar a la altura de litigar mínimamente en condiciones si no tenemos un entorno digital acorde?
–¿Qué programas funcionan en la Defensoría?
–Los programas hoy más emblemáticos de la Defensa Pública son el programa Exportando Sueños. En Taiwán, se obtuvo nichos de mercado para colocar productos elaborados por las comunidades indígenas, productos elaborados por las mujeres de Cateura, productos de marroquinería elaborados por los privados de libertad y se ha llevado una partida de muestras, que han sido todas comercializadas y se generó una expectativa en probables exportaciones.
Y el otro programa que lo hemos desarrollado es Protegiendo tus Derechos en tu Comunidad. ¿Cuál es la dinámica? Vamos con todas las instituciones a una comunidad y dotamos de la mayoría de los servicios, como cedulación, salud, vacunación. Están la Secretaría de Deportes, Ministerio de la Juventud, Ministerio de la Niñez.
La Defensa está para lo que la ciudadanía requiera; acercamos los servicios. No vas a imaginar que casi 250 personas hicieron su cédula; eso fue en Falcón. La cedulación tiene un costo muy alto. Uno debe ir, hacer, y tiene que volver, porque no está en el día, y entonces la gente no tiene, carece de cédula, y en materia de documentación eso es un derecho clave.
–¿Hay un programa de reinserción social?
–Renacer es el programa hoy que estamos hablando con el ministro de Justicia. Nosotros hoy carecemos de una política pública de reinserción social. ¿Y cómo surge Renacer? Cuando llegamos a la Defensoría mapeamos una gran cantidad de personas en condiciones de salir en libertad.
Presentamos casi trescientos pedidos de libertad y salió una gran cantidad de gente. Pero en los dos o tres meses ya están otra vez reincidentes. Entonces, al no tener una oportunidad laboral, la gente vuelve a reincidir. Y eso genera otro problema. Tenía una causa, ahora tiene dos y es más trabajo, porque, generalmente, siempre suelen ser otra vez nuestros defendidos.
Esto trata de dar una posibilidad de inserción laboral al momento que uno egresa del penal. Importa también un acuerdo entre poderes del Estado: La Corte, la Fiscalía, el Jurado, el Poder Ejecutivo y nosotros. El proyecto ya está avanzado.
