Las protestas que comenzaron en noviembre de 2019 contra políticas económicas y sociales del presidente de Colombia, Iván Duque, han vuelto a surgir con fuerza en el país después de más de un año marcado por la pandemia del Covid-19, que ha tenido consecuencias económicas graves para la mayoría de las familias colombianas, y tras la propuesta de la reforma tributaria que iba a afectar principalmente a la clase media.
Los manifestantes salieron hace una semana a las calles, desafiando una orden judicial que dictaminaba que las marchas debían suspenderse por el aumento de los casos de coronavirus. Las fuerzas de seguridad se desplegaron con fuerza en las principales ciudades colombianas a las que acudieron miembros de grupos indígenas, organizaciones de sociedad civil y miembros de sindicatos para protestar contra la reforma fiscal.
La dura actuación de las fuerzas de seguridad y la ira de los manifestantes hizo que las protestas deriven en violencia. Según la Fiscalía General, desde el 28 de abril se registraron 24 víctimas mortales, y organizaciones sin ánimo de lucro documentaron 1.181 casos de violencia policial.
¿Cuál fue el caldo de cultivo de las protestas?
Las protestas se iniciaron hace una semana después de que los principales sindicatos del país convocaran una huelga nacional para oponerse a la reforma tributaria propuesta por el Gobierno de Iván Duque.
La reforma fiscal, con la que el presidente colombiano buscaba mitigar la crisis económica que ha dejado la pandemia y recaudar 23,4 billones de pesos (más de 5.000 millones de euros), habría reducido el umbral en el que se gravan los salarios, afectando a cualquier persona con un ingreso mensual de 2,4 millones de pesos colombianos (alrededor de 550 euros al cambio), en un país en el que el salario mínimo es equivalente a unos 205 euros. El proyecto también pretendía ampliar la base tributaria y gravar con el IVA del 19% los servicios públicos. “La reforma que propuso Iván Duque no iba mal encaminada en algunos aspectos técnicos, como ampliar la base tributaria y ampliar la cantidad de personas que declaran renta”, subraya Erika Rodríguez, profesora de Sociología del Desarrollo Internacional en la Universidad Complutense de Madrid. “El problema es que también tenía otros aspectos, como poner IVA a los servicios públicos, como el agua y la luz. Lo que haría el presidente es que a las personas desfavorecidas se les retornaría el IVA a través de una transferencia mensual, pero solo a personas en condiciones de pobreza, con lo cual, la afectación sobre la clase media sería alta”.
El año pasado el Producto Interior Bruto (PIB) de Colombia cayó 6,8%, lo que supuso su mayor desplome en medio siglo. Además, la pandemia ha aumentado la pobreza, el desempleo y la desigualdad en el país. “El enfado popular no viene de ahora. Viene de 2019 y está latente desde entonces. Las protestas de 2019 no se solucionaron, porque toda la mesa de negociación se quedó en ‘stand by’ al llegar la pandemia”, explica Rodríguez. “Por un lado están los profesores, que no ven que haya condiciones para que los niños vuelvan a clase por el estado de la educación pública; están los indígenas y los afectados por el conflicto armado, que los están matando; por otro lado, hay un enfado ciudadano por la gestión en general del Gobierno, que no fue buena; y también está el cansancio propio de la pandemia. Todas esas cosas se juntaron con el planteamiento de la reforma tributaria que, aunque pudiera ser necesaria, es el peor momento para plantearla”, añade.
Según el investigador asociado del Real Instituto Elcano Rogelio Núñez, “en el ADN de las personas que han salido a la calle está el recuerdo de lo que pasó en 2019”. “En la memoria histórica está muy presente lo ocurrido en 2019, que ha empoderado a las organizaciones sociales que vieron que en ese año eran capaces de parar una reforma como la que impulsaba Duque. Cuando ha vuelto a ponerse sobre la mesa, esas mismas organizaciones, en un contexto de muchísimo mayor deterioro social, político y económico, se han visto empoderadas y mucho más fuertes para poder plantar cara al Gobierno”, ha aseverado.
La actuación de las fuerzas de seguridad, causa de malestar social
Los manifestantes salieron a las calles colombianas desafiando una orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de suspender la jornada de protesta debido a la gravedad de la pandemia en el país, en el que han fallecido más de 75.000 por Covid-19. Poco después de que se iniciaran las protestas, el presidente Iván Duque desplegó fuerzas militares en las calles para tratar de sofocar los disturbios. El investigador asociado del Real Instituto Elcano ha explicado que los países de América Latina “tienen un problema estructural en cuanto a la seguridad”. “Las policías no cuentan ni con personal ni con los medios adecuados, incluso en muchos casos la experiencia y los conocimientos suficientes para contener determinadas explosiones sociales o momento de grandes movilizaciones. Por ello, los gobiernos de América Latina solo pueden recurrir para mantener la seguridad y el orden a la única institución que tiene medios, pero aunque los tenga, con lo que no cuenta es con conocimientos para este tipo de crisis”, detalla Núñez.
“Una de las grandes causas de malestar social ha sido la acción de la Esmad, los escuadrones de control antidisturbios, que se han sobrepasado totalmente en sus funciones. Se cometieron violaciones de derechos humanos flagrantes”, afirma la profesora de Sociología del Desarrollo Internacional en la Universidad Complutense de Madrid.
