Un joven colono, de 23 años, estuvo secuestrado durante ocho días y mantuvo en vilo a toda su comunidad en el Departamento de San Pedro. Su familia tuvo que recurrir al apoyo comunitario para poder cumplir con la exigencia del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
Los familiares debieron entregar víveres a unas 20 comunidades por valor de USD 500.000, las últimas unidades fueron entregadas en los barrios Pelopincho y Ricardo Brugada de Asunción. Peter Reimer fue liberado al fin en la noche del lunes en las inmediaciones de la comunidad indígena Jeroky Rokua, ubicada a unos 15 km del lugar del plagio.
En el presente caso, dos colonos menonitas y dos paraguayos fueron llevados por los criminales desde la estancia Guyra Campana, ubicada en Santa Rosa del Aguaray, San Pedro; posteriormente los dos paraguayos y uno de los menonitas fueron liberados por los captores, pero el joven Peter quedó en poder de los delincuentes.
Este “final feliz” no es mérito del Gobierno.
La liberación del joven trae alivio, pero no es suficiente. El trauma y la angustia de Peter, su familia y toda su comunidad serán muy difíciles de superar.
Actualmente permanecen secuestrados por el grupo armado el policía Edelio Morínigo, desde hace 2.721 días; el ganadero Félix Urbieta desde hace 1.890 días y Óscar Denis, el exvicepresidente de la República desde hace 463 días. No se podrá hablar de ningún final feliz hasta que regresen a casa todos los secuestrados.
El Gobierno destina unos USD 14 millones de dólares al año para sostener la Fuerza de Tarea Conjunta, y hasta el momento resulta evidente que el grupo criminal es el que marca las pautas, y se burla no solamente de las Fuerzas de Tarea, pues esta nunca logró liberar a ninguno de los secuestrados. También se burla de todas las instituciones, como la Policía Nacional y el Ministerio Público. Mientras las familias pagan y con eso logran la liberación de sus seres queridos, las FTC permanecen en un muy discreto segundo plano, casi como parte del decorado.
Hoy más que nunca se hace necesario que las autoridades del Poder Ejecutivo, del Legislativo y el Judicial asuman con seriedad y rigor su responsabilidad respecto de lo que se vive en la zona Norte del país. Ante la demostrada falta de resultados de la Fuerza de Tarea Conjunta para poner fin a las incursiones, los ataques y secuestros, deben terminarse los discursos bravucones y se debe evaluar y transparentar la gestión y administración de unas fuerzas que le cuestan demasiados millones al pueblo, sin que hayan alguna vez presentado resultados.
Desde aquel 15 de agosto de 2013, cuando juraba como presidente de la República Horacio Cartes, y pronunció aquel célebre augurio, que el EPP no le iba a marcar la agenda, los gobiernos que le siguieron han continuado en la misma línea, y el grupo criminal sigue marcando la agenda de todos.
El país espera acciones más eficaces, que le devuelvan la seguridad y la tranquilidad a la zona norte y a todo el país.
