Dentro del proyecto “Con mi cara no”, la organización refiere que en “Paraguay el uso de tecnologías de vigilancia biométrica se está expandiendo sin que la ciudadanía lo sepa, sin debates públicos y sin marcos legales que garanticen el respeto de nuestros derechos fundamentales”. “Las cámaras de reconocimiento facial ya están instaladas en calles, estadios de fútbol, oficinas públicas y edificios institucionales, captando datos sensibles de miles de personas todos los días. Pero, ¿quién controla esta tecnología? ¿Con qué criterios se activan estas cámaras? ¿Qué hacen las instituciones públicas con las imágenes y datos biométricos que recolectan?”, se pregunta el organismo.
Advierte que actualmente el “Estado paraguayo viene implementado reconocimiento facial de forma opaca, sin regulación específica, desviando fondos públicos y vulnerando derechos básicos, como la privacidad, la libertad de circulación y la presunción de inocencia”.
Entre las que implementan esta tecnología se menciona a la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), Dirección Nacional de Migraciones, la Gobernación de Itapúa, Municipalidad de Paraguarí, Cámara de Senadores, Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC).
Alegan que las organizaciones han reparado en esta práctica cada vez más vigente que se da de forma arbitraria por instituciones del Estado, además costeado por fondos que supuestamente fueron concebidos para otros fines.
Se considera sumamente necesario, de acuerdo a los estudios, contar con la ley, más aún ante aparición de nuevas tecnologías que podrían vulnerar datos de la gente. Justamente, ante esta “evidencia surge la importancia de regular un marco efectivo de protección de los datos”, refiere el fundamento del proyecto de datos personales que consta de un total de 88 artículos.
