Desde el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) defendieron el Programa de Comedores y Centros Comunitarios (Prococ), dependiente de esta institución y señalaron que las denuncias de referentes del sector no se ajustan a la verdad.
“Como respuesta a lo publicado, aclaramos que actualmente el Prococ asiste a 329 organizaciones en todo el territorio nacional, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 6945/2022 y el manual operativo dispuesto para dicho fin, lo cual demuestra que no existe ningún tipo de ‘hostigamiento’ a las organizaciones que administran comedores comunitarios ni otro tipo de organización social”, aseguraron.
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En ese sentido, expresaron que el Prococ trabaja de manera articulada con organizaciones que cuentan con comedores comunitarios y proveen alimentos a personas en situación de vulnerabilidad, reciben los insumos de manera planificada y periódica con estricto seguimiento y control, para asegurar el uso adecuado, transparente y responsable de los recursos públicos.
“Las organizaciones que operaban bajo la modalidad de ollas populares durante la pandemia continúan siendo asistidas de manera excepcional. El objetivo es que, de forma progresiva, se adecuen a los requisitos exigidos por el Programa, garantizando condiciones adecuadas en la prestación del servicio alimentario, tal como lo realizan las 329 organizaciones a nivel país”, manifestaron.
Asimismo, sostienen que como resultado de estos controles, se han registrado renuncias y bajas de organizaciones que no cumplían con los compromisos establecidos, lo cual ha permitido redireccionar la asistencia hacia sectores prioritarios, llegando hoy a 149 organizaciones indígenas en situación de inseguridad alimentaria.
“Ante la situación planteada, instamos a la ciudadanía y a las organizaciones a recurrir a las instancias correspondientes para canalizar consultas o aclarar dudas relacionadas con los programas sociales, los cuales se ejecutan en estricto cumplimiento de la normativa vigente, conforme al presupuesto público asignado y sujetos a los controles y auditorías establecidos”, recalcaron.
Mujeres representantes de ollas populares del Bañado Sur de Asunción expusieron que la ley establece que el Ministerio de Desarrollo Social brinde infraestructura y equipos, pero denuncian que esta ayuda es politizada y les piden salir de la articulación que lidera el grupo de mujeres que iniciaron con estas ollas populares en la pandemia.
También exponen que se cuentan con centros comunitarios municipales que pueden ser utilizados por ellos, pero no hay voluntad política, además de un retraso en la entrega de insumos.
Los comedores operan en casas particulares y también existen punteros políticos que buscan sacar rédito político de la entrega de ayuda, según expusieron, además de reclamar que el ministro Tadeo Rojas no les recibió nunca.
La ley fue el resultado de la lucha de mujeres que decidieron ayudar con ollas populares a las comunidades durante la pandemia del Covid-19 y terminaron logrando la asistencia vía legislación.
