La especialista en derechos humanos Diana Vargas habló este martes con Monumental 1080 AM sobre la sugerencia del diputado liberal Édgar Ortiz de implementar la pena de muerte a los secuestradores, abusadores y feminicidas en Paraguay.
Vargas explicó que existen mecanismos como la enmienda o la reforma, pero que los constitucionalistas en Paraguay buscaron con la enmienda solo hacer retoques y no ir a fondo, ya que existen capítulos que no pueden ser modificados por esta vía, como el que habla sobre el derecho a la vida y cuya posición fue asumida como Estado republicano, decidiendo que ya no puede ser aplicada la pena de muerte en el país.
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“Modificar la Constitución de manera descolgada, en el núcleo duro que tiene que ver con los derechos fundamentales, es cuanto menos descabellado, porque la Constitución Nacional implica un pacto social y la de 1992 fue después de una larguísima dictadura, donde lo que se buscaba era dejar atrás todo aquello que tenga valores autoritarios y qué más evidente que la pena de muerte cuando hablamos de autoritarismo y muertes por parte del Estado, ejecuciones”, remarcó.
Asimismo, señaló que no es la vía y que tampoco responde a un Estado democrático, sin olvidar que Paraguay es parte de un sistema universal de protección a los derechos humanos y ratifica tratados internacionales, como el Pacto de San José y el de Derechos Civiles y Políticos. “Con estos dos tratados nos comprometimos a abolir la pena de muerte y así lo hemos hecho. Es absolutamente imposible lo que plantea el diputado”, sostuvo.
Además, sostuvo que el planteamiento es populista y pretende de la mano del derecho penal más duro solucionar problemas que en este momento generan una alarma o dolor social. “Se está aprovechando el dolor de la familia de Jorge Ríos y de la sociedad. Considero un oportunismo de muy poca monta, porque además demuestra su profundo desconocimiento sobre la normativa vigente”, criticó.
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De igual manera, dijo que se aprovecha un escenario para tirar una propuesta inviable y que algunos podrían acoger favorablemente, ya que todavía se tienen valores autoritarios muy instalados en Paraguay y además a una parte de la sociedad le gusta la mano dura.
Aumento de las penas y funcionalidad de la FTC
La especialista indicó que lo ideal sería que funcione la institucionalidad y que el aparato de Justicia no promueva la impunidad y que eso también incluye tener un modelo militarizado ineficiente como es la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), “que hace que este tipo de hechos queden impunes”.
También sostuvo que la comisión de los hechos no tiene que ver con la expectativa de pena, ya que se probó y se elevaron las penas en otros hechos punibles, pero siguen ocurriendo. “Hay suficientes estudios en la materia que muestran que ampliar las penas como una medida suelta nunca tiene resultado”, afirmó.
Entre otras cosas, refirió que se tiene una policía corrupta, inficionada por la mafia, que no da resultados y que encima se utiliza a militares en una fórmula contraria a la Constitución Nacional con la conformación de la FTC, como también un Ministerio Público que no investiga y que mira otro lado cuando la FTC comete abusos en el Norte del país y que existen graves violaciones de derechos humanos, pero a nadie le importa.
“A nadie le importó en nombre de la seguridad que se mate a los pobladores del Norte, incluidos adolescentes, que se violente a María Gloria González, hasta le cortaron parte del glúteo. Esas medidas que ocurren en contextos de guerra. Hoy tenemos cuatro secuestros simultáneos y un diputado irresponsable que asume que todos están muertos”, expresó.
Asignar a policías y que Fiscalía y Poder Judicial estén a la altura
Vargas agregó que se debe designar a un determinado grupo de policías y que el Ministerio Público y el Poder Judicial estén a la altura para hacer frente al flagelo de los grupos armados en el Norte del país, como también aplicar garantías cuando toque procesar a las personas.
“Existen personas condenadas sin que tengan un solo vínculo objetivo con estos grupos criminales y la muestra es que los grupos siguen gozando de buena salud”, denunció.
“Esa historia de la cantidad de personas de ACA que supuestamente cayeron, y digo historia, porque he estudiado de manera rigurosa muchos de esos operativos y realmente eran vergonzosos, pero cuando denunciamos ante el JEM o hicimos conferencia de prensa, a nadie le sonrojó, porque era en nombre de la seguridad, entonces había que bancarse cualquier precio”, recordó.
Justicia selectiva
“En manos de quién estaría la vida de algunos, como es tan selectiva nuestra Justicia y nuestro aparato punitivo. Al Ministerio Público me refiero. Sería solo la vida de algunos, posiblemente morochos y descalzos, los únicos a los que les muerden. Sería un gran riesgo para algunos”, finalizó la especialista, alegando que la Justicia actúa de manera selectiva.
